La huelga de Justicia en Galicia, que hoy alcanza su decimotercera jornada, deja cada día un reguero de damnificados. Casi siempre son los usuarios, que ven cómo el juicio que tenían señalado se suspende -ya van más de 7.000- o alguno de los trámites que querían realizar no pueden hacerlo -se han retrasado más de 20.000-. Pero las administraciones también se ven afectadas por el paro. Un ejemplo es el pago de las pensiones a los fallecidos durante este mes. Los funcionarios de Justicia son los encargados de enviar los certificados de defunción a la Seguridad Social para que los den de baja en el sistema de pensiones, pero como están en huelga indefinida, y no se considera un trámite que debe estar bajo el paraguas de los servicios mínimos, no los están remitiendo.

Según los sindicatos, en el mes de febrero serán unos 3.500 pensionistas fallecidos los que estarán en esta situación. Si la huelga continúa, la Seguridad Social deberá pagar unos 2,8 millones, que luego tendrá reclamar, con lo que la saturación de la Administración volverá a agravarse.

Las mensualidades ordinarias se abonan íntegras, incluida la correspondiente al mes en el que se produzca la extinción del derecho. Por tanto, cuando se produce un fallecimiento, la Seguridad Social paga el mes completo, independientemente del día que haya fallecido. Si la huelga continua, la Administración deberá seguir pagando la pensión a los gallegos que ya han muerto, porque todavía los considera vivos. El paro de la Justicia no solo afecta al pago de las pensiones de los fallecidos, también impide, por ejemplo, que se puedan gestionar otras pensiones, como las de viudedad u orfandad, que surgen con el deceso.

En los registros civiles, que están prácticamente paralizados, solo se expiden certificados de defunción. No se dan ni fes de vida ni partidas de nacimiento que son necesarias para casarse o divorciarse. Así que estos dos actos también están paralizados.

Lo mismo sucede con los que, por ejemplo, necesiten un certificado para cobrar una pensión del extranjero. Como no se pueden expedir, no se puede solicitar. Y, al contrario, hay ciudadanos que han fallecido este mes que cobrarán una pensión del extranjero. Cuando se produzca la comunicación de la muerte, esos países se la reclamarán, por lo que los afectados deberán contratar un abogado porque los trámites son complicados, explican fuentes judiciales.

Los juzgados de Instrucción también se ven afectados. En estas salas se instruyen, por ejemplo, los casos de corrupción de los políticos y tienen seis meses para instruirlos. Si sigue la huelga, este tiempo caducará. La única opción que tienen los jueces es declarar compleja la causa para poder solicitar seis meses más de plazo.

Los juzgados de lo Mercantil son los que más están padeciendo los paros. En estas salas se decide, por ejemplo, sobre las cláusulas suelo, pero aunque el demandante haya tenido una sentencia favorable no recibirá el dinero porque no se ha expedido el certificado para que pueda cobrarlo. También en los Mercantiles se dilucidan todos los juicios laborales como los ERE. Se puede dar el caso de una empresa, como así ocurre, que haya acordado la venta de los bienes para pagar a los acreedores y a los trabajadores y no se pueda realizar el procedimiento porque el juzgado está paralizado.

Y la situación se complica porque los médicos forenses del Imelga de la Subdirección de Santiago se unen a la huelga. "Acordamos secundar por amplia mayoría la huelga, con una cadencia de dos días por semana respetando los servicios mínimos", indicaron ayer.