Los ayuntamientos gallegos denunciaron ayer las graves consecuencias de la implantación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Los alcaldes, sin distinción de color político, aseguran que las novedades normativas, sobre todo las del ámbito de la gestión electrónica, "están suponiendo la paralización de la administración local, especialmente en los municipios más pequeños", que fueron diseñadas para dar beneficio a las grandes empresas y que conllevará el "hundimiento del comercio local". Así lo sostiene la Federación Galega de Municipio e Provincias (Fegamp) en un comunicado en el que se recoge el "enfado" con la nueva ley de contratación pública que los regidores mostraron en la comisión ejecutiva del órgano de poder local.
La norma, que entró en vigor a principio de este mes, traspone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública y, entre otros aspectos, suprime la posibilidad de adjudicación sin publicidad y establece la obligación de la factura electrónica. Con estos cambios se busca dotar de una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.
Una consecuencia de estos cambios es que todos los contratos se tienen que publicar y hacer obligatoriamente por vía electrónica. Y ni todos los ayuntamientos están preparados para iniciar la senda digital, tanto por falta de personal como de medios, ni tampoco todas las empresas que hasta ahora venían firmando contratos de suministro o servicios con los concellos. Y además, se abre la puerta a que por cualquier contrato, que venía recayendo en empresas o comercios locales, pujen ahora firmas especializadas de toda España, ya que para la administración electrónica no hay distancias.
"Se está consiguiendo la paralización de los ayuntamientos gallegos", reprocha el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García. "La contratación electrónica dificulta la concurrencia y las pequeñas empresas locales que cuentan con poco personal no serán capaces de concursar ya que no tienen medios ni conocimientos para realizar el proceso que lleva consigo pujar por un servicio o una obra pública", añade.
Alfredo García va más allá y sostiene que la nueva ley "acabará con el comercio local" ya que, dice, hay empresas que dependen de los ingresos por los servicios al concello para su supervivencia. Además, los alcaldes creen que se beneficiará a las grandes empresas, que cuentan con personal, medios y conocimiento para acudir a las contrataciones mediante las plataformas digitales. "Lo peor de todo es que después de concursar y conseguir la obra o el servicio, las grandes empresas subcontratarán con firmas locales pequeñas para desarrollar el trabajo", se queja el presidente de la Fegamp, quien destaca que con esta denuncia recoge el "sentir de todos los concellos de Galicia" y que todos los alcaldes presentes en la ejecutiva del órgano municipalista, celebrada el pasado jueves en Silleda, "expresaron su descontento y preocupación".
