El pleno de Miño aprobó ayer, con los únicos votos favorables del Gobierno local, adjudicar de nuevo la urbanización de San Xoán de Vilanova-Perbes, ya construida en su mayoría, a Martinsa Fadesa, con el fin de evitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2006 (confirmada por el Supremo en 2010) que anuló la elección del sistema de expropiación y el pliego de cláusulas del concurso acordados por el Concello en 2002.
El Gobierno municipal, para saber cómo acatar la sentencia que anula la adjudicación a Martinsa-Fadesa de la construcción de una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf, solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Diputación. Este departamento lo emitió el pasado 21 de julio y su conclusión fue que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado después de que se acordase la elección de la expropiación "legalizó" el problema porque incluyó en su normativa que el sistema elegido para construir esta urbanización sería la expropiación.
Los letrados de la Diputación, por lo tanto, consideran que el PXOM convalidó todos los actos realizados y para ejecutar la sentencia basta con "conservar" todos los trámites hechos, aprobar de nuevo los pliegos y adjudicar otra vez las obras "al único licitador presentado al concurso".
La secretaria municipal de Miño, sin embargo, emitió un informe sobre cómo ejecutar esta sentencia y es totalmente contrario y según algunas fuentes jurídicas, más preciso. La Secretaría considera que la sentencia del TSXG supone la "nulidad de pleno derecho" y no "una mera nulidad" y por lo tanto no se puede ejecutar la resolución repitiendo el mismo acto. Es decir, en este caso no se podría hacer ahora una readjudicación, directa, porque no fue una licencia sino un concurso público.
La secretaria advierte también de los "vicios intrínsecos" que presentan los pliegos y que también provocarían la "nulidad de pleno derecho". La solución de Secretaría a este problema es, según expuso, la "liquidación" del contrato firmado en su día entre Concello y Martinsa-Fadesa y que cada una de las dos partes devolviese a la otra lo que recibió.
Ejecutar así la sentencia implicaría que la promotora, al ser liquidado el contrato, podría pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.
El Ejecutivo optó por hacer caso al informe de la Diputación y no al de la secretaria municipal pero será el Tribunal Superior de Galicia el que dictamine si le vale esta curiosa solución aprobada ayer que implica repetir una adjudicación realizada hace ya nueve años para intentar legalizar una situación sin que se liquide el contrato.
La solución aprobada por el pleno además implica una adjudicación directa, cuando en su día hubo un concurso público.
