El pulso que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas mantiene desde hace ya cuatro meses con la constructora del polígono de Morás amenaza con provocar un nuevo retraso en la puesta en marcha del parque empresarial más grande de Galicia.
Las exigencias económicas de la adjudicataria, que reclama 10 millones de euros, se han erigido en un nuevo escollo para la apertura del polígono, que acumula ya varios retrasos. La Xunta ha admitido a este diario que la venta de las parcelas, prevista para finales del segundo semestre del año, podría aplazarse a principios de 2012 si las negociaciones con la empresa no avanzan y se mantiene el ritmo actual de los trabajos.
La adjudicataria de las obras -la Unión Temporal de Empresas integrada por Puentes y Calzadas y Daviña- trabaja ya desde el pasado mes de junio al ralentí. Se trata de una medida de presión para forzar a la Xunta a desembolsarle un tercio del importe de la adjudicación. La empresa calcula que esta cantidad, alrededor de 10 millones de euros, es la que le adeuda el Gobierno gallego por una serie de modificados introducidos en el proyecto.
La Consellería de Medio Ambiente admite que deberá desembolsar cierta cantidad para resarcir a la constructora por los modificados, pero elude informar sobre la cuantía que está dispuesta a pagar. El pasado mes de julio, la Xunta anunciaba ya un acuerdo "inminente con la UTE. Han transcurrido dos meses desde entonces y las obras prosiguen al ralentí. Ahora, la Consellería de Medio Ambiente elude fijar plazos.
Esta nueva incidencia amenaza con retrasar más la puesta en marcha de un polígono que ya debería estar operativo a principios de 2011, según las previsiones iniciales de la Xunta. El constante goteo de prórrogas ha llevado a un particular a presentar un escrito ante el Consello da Xunta en el que reclama que se declare la caducidad del parque empresarial.
Este particular recuerda que, según lo previsto en el proyecto sectorial las obras de urbanización deberían finalizar en un plazo de 18 meses a contar desde el 20 de abril de 2009, es decir, que la urbanización debería estar ejecutada el 20 de octubre de 2010. El firmante del escrito sostiene que, aún en el caso de prórroga, esta nunca podría ser superior a la mitad de los plazos que inicialmente se hubiesen fijado, según recogía el plan inicial, por lo que la fecha de esta hipotética moratoria habría finalizado el 20 de junio de 2011.
La Xunta ha desestimado la solicitud del firmante del escrito. Sostiene que los plazos que maneja para declarar la caducidad de la obra son inexactos, aunque no ha concretado cuáles son los correctos.
