Una promotora que levantó una urbanización en Fisterra en los años del boom de la construcción, a la que posteriormente los tribunales anularon la licencia, reclama al Concello una indemnización de algo más de 11 millones de euros. La urbanización de la conocida como Inversiones Plaza Garden se encuentra en la conocida como recta da Anchoa, donde se levantaron numerosos bloques de viviendas entre los años 2004 y 2007.

Este edificio cuenta con 88 apartamentos de los que más de cincuenta ya fueron vendidos en su día. El juzgado de lo contencioso administrativo número tres de A Coruña ya anuló la licencia concedida por el Concello en el año 2007, pero tanto la promotora como el Ayuntamiento recurrieron la resolución, y en el 2010 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronunció en el mismo sentido. En la sentencia se recoge que "la parcela sobre la que se pretendía levantar el proyecto constructivo autorizado carecía del grado de urbanización que determinara su condición jurídica de solar".

El Concello de Fisterra está recopilando toda la información necesaria para acreditar que todas las autorizaciones se dieron conforme a la ley, según indicó ayer el alcalde, José Manuel Traba, quien restó importancia a la cantidad que reclama la promotora por considerarla "desorbitada". El regidor defiende que se concedió la licencia conforme a un convenio que data del año 1995 y que la Administración local entendía que se había ejecutado.

Mediante ese convenio, un particular cedió terrenos al Concello cuando se construyó el paseo marítimo a cambio de darle una mayor edificabilidad en su parcela. El mandatario asegura que en la zona se construyeron accesos y aparcamientos por parte de Costas, por lo que se entendía que el convenio se había materializado y autorizaron la construcción del edificio que ahora está en situación irregular.

Sin embargo, Traba Fernández asegura que las obras de este edificio son legalizables, lo mismo que ocurre con otros que se encuentran en situación similar, por lo que está convencido de que el Concello no tendrá que abonar nada a la promotora. "Según las cuentas de la promotora tenemos que abonarle 11 millones de euros, pero según las cuentas del Concello, son cero". El regidor también defiende que el denunciante "puede pedir la cantidad que quiera", pero serán los tribunales los que finalmente darán la razón a una u otra parte. Además, insiste en que todos los concellos cuentan con reclamaciones patrimoniales de distintas cuantías.

La indemnización que reclama la empresa constructora multiplica por cuatro el presupuesto del Ayuntamiento de Fisterra para el año pasado, que ascendía a 2,6 millones de euros, por lo que en caso de darle la razón al denunciante, sería totalmente inasumible para las arcas municipales.

Para el BNG de Fisterra, esa situación sería la "ruina total" del Ayuntamiento, según indica su portavoz, Modesto Fraga. El edil critica la actuación del Gobierno local y que siempre le negase información sobre este asunto hasta que su formación amenazó con acudir a la Fiscalía. Modesto Fraga asegura que el Concello se encuentra en una situación muy complicada, puesto que, según su versión, hay propietarios de los apartamentos que solicitaron la devolución del dinero a la empresa promotora al comprobar que sus propiedades se encuentran en situación irregular. El edil se pregunta si las subidas de impuesto del Concello son "para garantizar los escandalosos sueldos del Gobierno local o para hacer frente a la indemnización de 11 millones por la desfeita urbanística da Anchoa".