Al antiguo camino que conducía a los vecinos de las parroquias de Monfero, Aranga e Irixoa a la Feira da Viña le ha salido un ojo indiscreto. Una cámara que amedrenta a todo aquel que intente traspasar la cancela que cierra el paso a esta corredoira que, según los vecinos, ha sido siempre de uso público y conduce al depósito de agua utilizado por el vecindario. "Ahora para pasar tienen que utilizar nuestra finca", denunciaba ayer uno de los afectados.
El cierre de esta vereda ha provocado un hondo conflicto vecinal en la aldea. Y la instalación de esta cámara de videovigilancia ha sido la gota que ha colmado la paciencia de varios de los residentes, que ya han denunciado el caso ante Guardia Civil y la Axencia de Protección de Datos y que ayer tomaron la palabra en el pleno del Concello para exigir al alcalde que intervenga. Desconocen la capacidad de visión de este ojo indiscreto, pero la mera instalación de la cámara apuntando hacia sus leiras y a un "camino público" basta, argumentan, para que el Ayuntamiento tome medidas.
El asunto centró ayer la sesión plenaria. El BNG presentó una moción para exigir al Gobierno local que ordene "con carácter inmediato" la retirada de esta cancela que, denuncian, fue instalada sin licencia municipal. La portavoz nacionalista, Rosa Rivas, argumentó que los muros tradicionales de piedra "delimitan perfectamente este camino público", que los vecinos demostraron también con escrituras y otra documentación acreditativa. La concejala acusó al alcalde, Antonio Deibe, de acrecentar el conflicto vecinal al negarse a reabrir el camino, cuyo cierre le fue comunicado por los propios vecinos en noviembre del pasado año. Para los nacionalistas, ha sido la "clara dejación de funciones" del Ejecutivo municipal el que ha elevado el conflicto a "extremos indeseables" con la instalación, ahora, de una cámara de videovigilancia.
El alcalde mantuvo durante la sesión que el caso está en manos de la asesoría jurídica de la Diputación , que le ha aconsejado que no actúe hasta que el juzgado se pronuncie. El regidor apuntó como principal escollo la ausencia del camino en el catastro, lo que complica que el Concello pueda probar su titularidad pública. Este diario intentó sin éxito conocer la versión del vecino que ha instalado el polémico el cierre y que, en contra de lo que mantiene este grupo de vecinos, sostiene que el camino le pertenece.
