Ocho años después de la polémica privatización del servicio de aguas en Arteixo, el pleno, por unanimidad y tras el dictamen favorable del Consello Consultivo, aprobó ayer la rescisión del contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento culpable de la parte privada (Aqualia, filial de FCC) .
El Ayuntamiento ha puesto el "punto y final" a la empresa mixta constituida por el PP en solitario en 2005 entre críticas de la oposición y de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, que llegó a acusar al por entonces alcalde, Manuel Pose, de pretender "hacer negocio" a costa de un servicio público y esencial.
Augarsa ya es historia. Tras ocho años de pérdidas, controversia, quejas vecinales y un cada vez más tenso tira y afloja entre la parte pública y privada, la compañía mixta se ha disuelto en un mar de dudas y reproches y con una deuda de más de tres millones de euros.
El progresivo desequilibrio financiero la ha abocado a un proceso concursal sin que Arteixo haya visto ejecutadas ni el 20% de las mejoras ofertadas en el concurso público, entre ellas un embalse que le permitiría reducir la dependencia con Emalcsa para la compra de agua (la empresa mixta adquiría el agua a un promedio de un 9% más cara de lo que la vendía).
El dinero se ha ido por los mismos coladeros que el agua de una red que siempre ha sido deficitaria en Arteixo. Durante estos años, el Concello invirtió alrededor de cinco millones en mejoras pese a los reiterados reparos de Intervención, que insistía en que le correspondía ejecutarlas a la empresa mixta. El alcalde, Carlos Calvelo, mantuvo ayer que el estado de la red es "catastrófico", pese al desembolso en obras con cargo a las arcas municipales.
El secretismo que ha envuelto los consejos de administración y las negociaciones entre la parte pública y privada solo permite especular sobre las causas de este nuevo fracaso en la gestión del agua en Arteixo. Serán los jueces los que determinen quiénes han sido los auténticos responsables de la quiebra y del mal servicio que se ha prestado a los ciudadanos. El Concello dirige sus dardos contra FCC y le acusa de hacerse con el servicio en base a una oferta desproporcionada e incumplir sus compromisos de inversión de 19 millones (12 durante los primeros seis años). Según sus cálculos, la compañía solo ha ejecutado obras por importe de dos millones. La empresa mantiene que se encontró con una red mucho más deficitaria de la que recogía el pliego de condiciones, acusa al Concello de realizar unas previsiones excesivas sobre el crecimiento de población, desoír sus constantes avisos de la necesidad de actuar ante las pérdidas, de negarse a una subida de tarifas imprescindible o a la inyección de capital y, en definitiva, de "bloquear su actividad".
El pleno de ayer no arrojó ni un atisbo de luz sobre los motivos del naufragio. Solo reproches. PSOE y BNG recordaron en sus respectivas intervenciones que fue el PP quien aprobó la privatización del servicio, con un reparto de capital que dejaba el poder en manos de Aqualia (49% el Concello, 51% la empresa). El Ejecutivo les echó en cara que buscasen "excusas" en el pasado y presumió de ser el único en actuar en todo este proceso.
El futuro del servicio sigue siendo un misterio. La Corporación acordó la resolución, la incautación de 88.500 euros en garantías, la prohibición de Aqualia para contratar con la Administración y la continuación del expediente de indemnización sin abordar cuál será el futuro del suministro en Arteixo.
Se abre ahora un período de un mes para que el Concello recupere nuevamente el control del agua. El Gobierno local, que tomará de nuevo las riendas del servicio el 15 de agosto, no ha informado aún de cuál será su siguiente paso. Entre las opciones que baraja están las de gestionar directamente la prestación, como defiende PSOE y BNG, encomendar la gestión a una empresa. Lo único que tiene claro es que no habrá otra empresa mixta.
