Las nuevas retribuciones del Gobierno local de Carral no convencen, ni de lejos, a la oposición. La decisión del alcalde, José Luis Fernández Mouriño, de subirse un 6% el sueldo (de 36.540 a 38.640 euros anuales) y aumentar de cuatro a cinco las dedicaciones para sus concejales ha propiciado una cascada de críticas del PSOE y Asemblea Cidadá.

El presupuesto reservado para salarios del Gobierno local pasa de los 100.250 euros anuales del anterior mandato a 119.560 euros, lo que supone un incremento del 20%. El regidor ha optado también por subir las dietas por asistencia a juntas de gobierno, que pasan de 170 a 200 euros y se celebrarían cada dos semanas, y rebajar las indemnizaciones por plenos, de 170 a 100 euros.

Otra de las novedades del mandato de Mouriño es el tipo de dedicaciones que otorga a los concejales. Habrá cuatro, dos del 85%, con retribuciones de 38.640 euros; y dos del 50%, con 14.000 euros. El PSOE cuestionó las dedicaciones y sospechó de una "trampa de ley", ya que a Carral le corresponden "tres exclusivas" y "la ley habla de dedicaciones del 75%, el 50% y el 25%, no del 85%", por lo que defienden la conveniencia de que el Consello Consultivo estudie las dedicaciones.

Los socialistas presentarán al próximo pleno una moción para solicitar al Consello Consultivo que informe si las dedicaciones que establece el Ejecutivo municipal cumplen la legalidad.

No será la única propuesta relativa a los salarios del Gobierno local que se debatirá en la próxima sesión plenaria. Asemblea Cidadá de Carral propondrá bajar un 25% el salario de los concejales con dedicación y destinar el ahorro a generar empleo local.

La formación considera "inaceptable" el aumento de los sueldos "en plena situación de crisis económica y social y con un concello en bancarrota". Asemblea Cidadá reclamará también reducir en un 25% la cuantía percibida por cada miembro del Ejecutivo municipal por asistir a juntas de gobierno.

Socialistas e independientes coincidieron en criticar que la subida de sueldos se produce en un contexto político marcado por las bajadas de emolumentos políticos y de la mano de un descenso de las dietas por asistencia a plenos para "ahogar" a la oposición.

El PP, que gobierna en mayoría, tendrá la última palabra a la hora de solicitar informe al Consultivo sobre la legalidad de las retribuciones. El alcalde defendió en el pleno la subida de sueldos y restó importancia a las críticas, por lo que todo apunta que no accederá a la rebaja que piden los independientes.