El Superior responsabiliza a Aqualia del "deficiente estado" de mantenimiento y conservación de la red de agua del Concello de Arteixo, según asegura en una sentencia en la que desestima un recurso de la filial de FCC sobre la resolución del contrato que regía el funcionamiento de la empresa mixta Augarsa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón al Ayuntamiento y culpabiliza a Aqualia. El Concello resolvió en 2013 el contrato de Augarsa al considerar que Aqualia había incumplido sus compromisos de inversión y mantenimiento de la red. El tribunal considera probado que la compañía incumplió sus compromisos de mejorar la red de aguas de Arteixo. En total tenía que haber gastado 8,8 millones de euros en seis años.

Aqualia recurrió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de A Coruña que también daba la razón al Ayuntamiento. El Superior la ratifica y exime al Ayuntamiento de culpa. La sentencia emitida por el Alto Tribunal no es recurrible. Antes del proceso judicial el pleno de la Corporación había aprobado la rescisión del contrato de gestión por incumplimiento culpable de la parte privada de Augarsa, es decir, de Aqualia.

El Superior da por válido un informe de una auditoría técnica de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de 2012, en el que se señala que la red presentaba un "deficiente estado de mantenimiento y conservación" en 2013, cuando se rescindió el contrato. "Hay evidencias gráficas al respecto que no han sido desmentidas", señala el tribunal. El Superior destaca que el Ayuntamiento cuenta con un "sólido y lógico soporte documental" que justifica la decisión de municipalizar el servicio de aguas y que Aqualia estaba "desprovista" de argumentos que permitiesen rechazar la decisión de rescindir el contrato.

La sentencia además asegura que se aprecian pautas de contratación empresarial por parte de Augarsa "con precios sensiblemente superiores a los de mercado" con terceras entidades vinculadas al mismo grupo que Aqualia. Un informe de la Secretaría Municipal de 2013 incidía en que el 92% de los contratos se hacían a empresas vinculadas al grupo FCC con sobreprecios del 25% al 245%. La empresa entonces había alegado que estos contratos se aprobaron por unanimidad del consejo de administración de Augarsa, por lo que el Concello "era perfectamente consciente de a quién y cómo se estaban adjudicando las obras".

El alcalde, Carlos Calvelo, celebra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza y explica que es la "demostración" de que Aqualia había incumplido su contrato con el Ayuntamiento y que la decisión de rescatar el servicio de aguas estaba basado en "unas circunstancias financieras y empresariales de extrema gravedad".

La resolución judicial que queda pendiente en el caso Aqualia es la de la indemnización de 26 millones de euros que le reclama el Concello de Arteixo a la empresa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revocó un falló del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña y redujo de 26 a 14 millones, un 46%, el aval que Aqualia debe de abonar al Concello hasta que exista una resolución judicial firme.