Sesenta expropiados de la urbanización Costa Miño Golf han presentado una demanda particular en el juzgado para reclamar un 25% más de indemnización por la anulación de las expropiaciones que decretó el Supremo. Las reclamaciones podrían aumentar durante los próximos meses, dado que de momento solo han recurrido los propietarios con sentencia firme.

El portavoz de la asociación de expropiados, Santiago González, explicó ayer a este medio que los afectados seguirán adelante con su demanda al entender que la sentencia que ha confirmado la validez del acuerdo de 2011 para readjudicar la urbanización a Martinsa-Fadesa no entra en contradicción con su demanda del plus. "Nuestros asesores jurídicos entienden que no afecta", sostuvo a consulta de este medio.

Los expropietarios de los terrenos inciden en que su reclamación está avalada por la jurisprudencia, que recoge la posibilidad de incrementar en un 25% la cuantía de la expropiación en caso de que sea anulada tras ejecutarse las obras, con la consiguiente imposibilidad de revertir los terrenos a su estado original.

El Gobierno local, que siempre se ha mostrado escéptico ante esta posibilidad, desechó por completo la procedencia de esta vía una vez que la Justicia avaló la readjudicación a Fadesa, una fórmula para eludir la ejecución del fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -confirmado en 2010 por el Supremo- que había anulado la elección del sistema de expropiación y el pliego de cláusulas del concurso acordados por el Concello en 2002.

La interpretación de los expropiados que han recurrido ahora a la Justicia dista mucho de la del Concello. Los afectados apelan a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2013 que declaró nula la expropiación de los terrenos para construir la macrourbanización.

El abogado que defiende los intereses del colectivo, Jerónimo Escariz, sostuvo entonces que ese fallo abría la puerta a aumentar un 25% la indemnización. La asociación celebrará el próximo sábado una reunión para tratar este asunto y el relativo al pago de la deuda principal. Pese a que el Concello afirmó que el día 28 de febrero dispondrían ya del crédito, la Sala todavía no ha notificado a los expropiados para realizar el pago.