El departamento de Intervención de Miño ha presentado al Concello el plan económico-financiero que ve preciso activar para afrontar el préstamo de doce millones de euros con el que pagar la deuda principal de las expropiaciones Costa Miño Golf.
El interventor, que siempre se mostró contrario a aceptar un préstamo superior a los seis millones con el actual plazo de devolución (ocho años y dos de carencia), advirtió en el pleno de que la aceptación del crédito conllevaría la adopción de medidas "dolorosas". Y es que Miño dispone de un presupuesto anual de 5,3 millones, un montante más que escaso para afrontar un préstamo de 12 millones si el Estado no se aviene a ampliar el plazo de devolución (supondría un ajuste de 1,2 millones al año).
El funcionario encargado de velar por el equilibrio económico del Concello propuso aumentar la recaudación con una subida del IBI en torno al 0,75%, así como la realización de una nueva ponencia de valores, El habilitado nacional aconseja en su informe subir la tasa de basuras y se muestra contrario a incrementar tributos como el Impuesto de Actividades Económicas o el de vehículos para evitar la deslocalización de empresas o el traslado del alta de vehículos a otros municipios.
El plan económico recoge también recortes en ayudas y en personal, entre otros la supresión de todas las contrataciones temporales que no sean financiadas íntegramente por otras administraciones o de aquellos puestos vinculados a competencias impropias. La supresión de las subvenciones, entre ellas la del transporte metropolitano, es otra de las medidas que incluye el informe, salvo aquellas destinadas a emergencia social y pagos de cuotas a la Fegamp y la Femp.
El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, emitió ayer un comunicado en el que afirma "categóricamente" que no subirá el IBI. Sin hacer alusión a la presentación por parte del interventor del plan económico-financiero, el regidor recalca que el pago de los 12 millones a los expropiados por Fadesa "no podrá llevar aparejado, en ningún caso, un perjuicio económico para el resto de los vecinos".
El alcalde no avanza en su comunicado ningún plan alternativo para afrontar el crédito sin aplicar recortes y subidas de impuestos. El regidor se limita a decir que hará sus "deberes de ahorro" y "reordenará las cuentas", pero sin entrar en detalles. Este diario ha preguntado en varias ocasiones por las medidas alternativas previstas sin obtener respuesta.
El Gobierno local fía la solución a que "el Estado estire el plazo de devolución del crédito", aunque admite que no ha habido avances en las negociaciones. El Ejecutivo también apela a la posibilidad de recuperar el dinero en el proceso de liquidación, aunque reconoce que las posibilidades son escasas. Ricardo Sánchez tiene en agenda varias reuniones con los expropiados, en las que intentará negociar una quita en los intereses (que ascienden a 8 millones). El regidor también les planteará que "renuncien a todo tipo de reclamación una vez que perciban el total del principal".
