El acuerdo del pleno de Abegondo de obligar a los vecinos a pagar una tasa de cien euros por poner una denuncia urbanística ha sido la gota que ha colmado la paciencia del despacho de abogados Liaño Flores, que representa desde hace años a unos residentes en este municipio perjudicados por una actividad presuntamente molesta y sin licencia que colinda con su vivienda.
Este estudio jurídico acusa al Ejecutivo que preside el popular José Antonio Santiso Miramontes de pretender "impedir el ejercicio de un derecho ciudadano" y, ha hecho público una misiva del Valedor do Pobo del pasado 31 de marzo en que amenaza con nombrar al Concello "hostil" y "entorpecedor" por sus constantes trabas a la investigación y en el que le advierte además de la posible comisión de un delito con su silencio.
La institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía ha emitido más de siete peticiones de información que no han obtenido respuesta requerida. Y la indignación del Valedor es más que patente en varias de las cartas a las que ha tenido acceso este diario. "La principal carencia de lo aportado por el Concello, después de un amplio retraso del que dejamos constancia, es que sigue sin aclararse el fondo del asunto. Eso es precisamente lo que vienen denunciando los reclamantes desde hace tiempo, que el Concello no informa ni actúa ante la ilegalidad de la situación", incide. El Valedor exige al Ayuntamiento que responda sin más dilación a la queja presentada el 7 de agosto de 2014 y le recuerda que el código penal tipifica como delito la falta de respuesta a esta institución.
Los representantes legales de los vecinos perjudicados por la supuesta infracción cuestionan la legalidad de la tasa que ha aprobado Abegondo "en los términos en que parece haber sido tomada". El despacho de Liaño Flores acoge además con incredulidad las razones aportadas por el Concello, que justificó este cobro apelando a la necesidad de "disuadir" a los vecinos de presentar denuncias para no colapsar el departamento de Urbanismo. Los abogados critican que el alcalde defienda que este tipo de casos deben denunciarse en los juzgados y que llegue a calificar de "insoportable" el elevado número de denuncias entre particulares. "Tira piedras al tejado del vecino y no tiene en cuenta lo que ocurre en sus propios servicios, ya que en muchos de estos temas el Ayuntamiento tiene el tejado de vidrio", critican desde el despacho. Desde el estudio jurídico echan en cara al Gobierno local que no solo no haya respondido a los escritos de los afectados, sino tampoco a los de la Axencia da Legalidade Urbanística y del Valedor, que le han impelido a tomar medidas en varias ocasiones. Recuerdan además que la normativa establece que las denuncias urbanísticas deben presentarse ante la Administración competente, generalmente el Concello, y nunca directamente en los juzgados.
El Ayuntamiento admitió ayer el rechazo en responder al Valedor, que justificó por el elevado número de requerimientos. El Concello reconoce que no ha facilitado la información requerida, pero achaca la demora al "colapso" del departamento de Urbanismo y a la cantidad de datos solicitados sobre reste asunto. "Este es uno de los casos que motiva la imposición de la tasa", argumentaba ayer un portavoz municipal, que sostiene que es un caso que se remonta a años atrás por enfrentamientos entre particulares.
"El Concello ha ido contestando poco a poco, pero hay una sobrecarga en el departamento, el tiempo que dedicas a esto dejas de dedicárselo al resto de los vecinos", argumentan desde el Ejecutivo.
La imposición de esta carga, aprobada unánimemente por el pleno (Anova no asistió), ha recibido ya las críticas del BNG. La formación, sin representación en Abegondo, acusa al Gobierno local levantar una "barrera para evitar que la ciudadanía ejerza un derecho".
