El urbanismo no es el fuerte de Abegondo ni de José Antonio Santiso Miramontes. Él era alcalde cuando se anularon las normas subsidiarias en 2000 y es alcalde ahora que se ha anulado el plan general. También se mantiene aún la imputación penal de Santiso (desde 2008) por la Fiscalía Superior de Galicia por supuesto delito continuado de prevaricación urbanística al permitir la construcción de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre 2002 y 2005 (a pesar de eso, fue invitado hace unos años como experto en urbanismo en suelo rústico por la Universidad Menéndez Pelayo). Uno de estos sectores por los que se imputó al regidor es el de A Fraga en Limiñón y que también se legalizaba en el PXOM aunque ahora el TSXG también lo tumba. En esta imputación también figuran el exalcalde Juan José Rocha y los últimos tres arquitectos que trabajaron en el Concello. En Abegondo se gobierna por ocurrencias, como la de incluir en el PXOM una tasa para financiar las actuaciones, que después suprimió en el documento final por exigencia de la Xunta. Del primer edil y presidente del Consorcio As Mariñas y de la Reserva da Biosfera también fue la idea de presentar una moción para que no se pudiesen presentar como candidatos a las elecciones los forasteros, que le mereció la reprobación incluso de su propio partido, el PP.
La última ocurrencia aún tuvo lugar a principios de este mes: imponerle una tasa de 100 euros a los vecinos por presentar una denuncia urbanística, restringiendo así sus derechos y desanimándolos a denunciar escudándose en que muchas denuncias eran por rencillas personales. La forma de fijar el precio de la tasa, que mereció la crítica del Colegio de Abogados, fue casi de regateo: quería poner 200 euros, la oposición dijo que era mucho, lo dejó en 100, no hubo protestas y se aprobó. Tras las múltiples críticas a semejante tasa, después afirmó que estudiaría cómo devolver el dinero si al final la denuncia era buena e incluso rebajar el precio a personas con pocos recursos. .
