El tribunal de recursos ordenó revisar cuatro licitaciones de la Diputación desde 2014

La última resolución tuvo lugar el pasado 1 de abril, cuando este tribunal ordenó dar marcha atrás en una adjudicación provisional y volver a valorar ofertas presentadas a una licitación de 294.214 euros sobre la realización de una encuesta de equipamientos que ganó la Universidade da Coruña y que impugnó la otra aspirante, una unión de empresas. Este órgano consideró que la motivación de la valoración era "insuficiente" e incluso en un punto halló "una sensible diferencia de puntuación a favor de la Universidade da Coruña sin que aparezca ninguna razón que lo justifique".

Este contrato ya había sido objeto de revisión por el Tribunal Administrativo en junio de 2015 cuando el TACRC resolvió anular el acuerdo del presidente de la Diputación del 8 de abril de 2015 por el que excluyó de la licitación la oferta de la unión de empresas. También declaró la nulidad de pleno derecho de una de las cláusulas del pliego de y de un epígrafe sobre la clasificación de las aspirantes.

Este órgano del Ministerio de Hacienda dio la razón a la recurrente en que el contrato era de consultoría y no de servicios así que no se podía haber excluido a la aspirante recurrente porque no le era exigible ninguna clasificación. El tribunal ordenó anular la contratación y realizar otra nueva con un "pliego conforme a Derecho".

Aplicación de criterios

El 29 de junio de 2015 el Tribunal de Recursos Contractuales también paralizó la tramitación de un contrato de la Diputación de teleasistencia domiciliaria a municipios otorgado a Eulen y dio la razón a la empresa que perdió el contrato, Atenzia, al apreciar una "incorrecta aplicación de los criterios evaluables de forma automática" y ordenó valorar las ofertas sin IVA porque hay entidades que están exentas y debe prevalecer el principio de igualdad y libre concurrencia.

Sobre esta misma licitación el Tribunal Administrativo también emitió una resolución en febrero de este año, de nuevo por un recurso de Atenzia y tras producirse un empate de puntuaciones entre ella y la primera adjudicataria, Eulen. En este caso el TACRC acordó "dejar sin efecto" la resolución del presidente provincial del 7 de agosto de 2015 por la que le requirió Atenzia que presentase una documentación complementaria. Ordenó dar marcha atrás de nuevo en la tramitación hasta el momento anterior a que se le pidiese esta documentación y continuar con la valoración de ofertas para adjudicar el contrato.

En febrero de 2014 este tribunal también anuló la adjudicación del contrato de telefonía fija y móvil otorgado por la Diputación a R Cable al estimar el recurso de Telefónica y ordenó dar marcha atrás en los trámites hasta el momento anterior a la redacción de los pliegos por la "oscuridad o ambigüedad" de las cláusulas del contrato que impedían "una lectura unívoca de los criterios de valoración".

El diputado provincial Jesús Soto criticó ayer que se hable de "anulación de contrato" respecto al último resuelto por el tribunal porque solo ordena retrotraer los trámites de la licitación al momento en que se emitió el informe de valoración de las ofertas. Señaló que ya se comunicó esta resolución al comité de expertos para que realicen "un nuevo informe más motivado y en los términos que nos manda el tribunal".

Transparencia

Soto recalcó la "honestidad" de los funcionarios provinciales que realizan las valoraciones y señaló que estaban "molestos" de que se dudase de su trabajo. Resaltó que todos estos procedimientos de contratación son "transparentes" y todos los grupos de la oposición tienen "voz y voto", no como antes, y ellos votaron a favor. Soto señaló que si esos contratos se hiciesen por procedimiento negociado "a lo mejor no había este problema" pero su intención es la de que haya la máxima transparencia y la mayor concurrencia de empresas. Agregó que además la Diputación "realiza muchos contratos".