El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, afirmó la pasada semana que aplazará hasta 2017 la aprobación del plan económico financiero que recoja los ajustes precisos para afrontar el pago de los 12,5 millones de deuda principal con los expropiados de Fadesa.
El regidor insistió en fiar la devolución del préstamo en que el Estado amplíe el plazo de devolución o que el Supremo revoque la sentencia que rechaza al Concello acreedor preferente. Y lo mantuvo pese a que disponía de un informe de Intervención, al que ha tenido acceso ahora este diario, que proponía justo lo contrario, no demorar más las medidas y aprobar ya un plan económico financiero.
El Ejecutivo entregó ayer a la oposición el informe, que fue redactado el pasado 21 de abril y solicitado hace ya semanas por el PSOE. El Gobierno municipal no entregó el documento hasta ayer, tras el cese del habilitado estatal (que estaba acumulado) por la cobertura de la plaza.
Al ser consultado por las razones que le llevan a aplazar la aprobación del plan de ajuste, el alcalde apeló a un escrito de la Xunta que concluía que los planes de reequilibrio deben aprobarse tres meses después de constatarse el incumplimiento, que normalmente se aprecia en la liquidación de las cuentas.
En su informe, el interventor no desmentía este extremo, pero apelaba a la coyuntura especial de Miño y argumentaba que, "evidentemente en circunstancias generales el incumplimiento se derivaría de la liquidación del presupuesto", pero en este caso "la suma solicitada [12,5 millones] garantiza con toda seguridad que este incumplimiento se vaya a producir en la liquidación" (Miño dispone de un presupuesto de 5,3 millones).
El interventor incidía además que algunas de las medidas que se recogen en el plan económico financiero -que no llegó a aprobarse- debían ser tomadas en el presente ejercicio puesto que "de demorarlo a 2017 la materialización de alguno de los ingresos no se produciría en este mismo ejercicio", en alusión, a la subida del IBI o la tasa de basura. "De demorarlo a 2017, la materialización de los ingresos no se produciría en ese mismo ejercicio, con lo que cerraríamos dos ejercicios incumpliendo la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria".
El alcalde negó nuevamente que el pago de la deuda a los expropiados vaya a suponer una subida de impuestos, aunque sin concretar qué medidas pondrá en marcha para garantizar la devolución del préstamo. El regidor manifestó nuevamente su confianza en que el Supremo revoque la sentencia que rechaza declarar al Concello acreedor preferente de Fadesa, a pesar de que la asesoría provincial (que representa sus intereses en esta causa) ya le notificó que las posibilidades de que prospere el recurso son escasas. "Pasó con el Prestige", argumentó Ricardo Sánchez en más de una ocasión en que fue consultado.
La renuencia del Ejecutivo en aprobar medidas que garanticen el pago del préstamo y los vaivenes de los últimos cuatro meses han provocado fuertes críticas de la oposición. El Gobierno miñés aprobó el pasado julio solicitar un crédito de 6 millones al entender que era la única cuantía que podía asumir; en diciembre dio marcha atrás y acordó aceptar los 12,5 millones y, cuatro meses después anunciaba que renunciaría al 50% del crédito, a pesar de que estaba ingresado desde febrero. El Ejecutivo desistió tras las amenazas de los expropiados de exigir responsabilidades penales a los concejales y del informe del interventor -que el Gobierno local no hizo público hasta ahora-, y que advertía de un "mal empleo de los fondos públicos" y, al ser consultado sobre un posible delito, proponía elevar el caso a Fiscalía.
