Como ya informó este diario, el interventor propuso en su informe elevar a Fiscalía la tramitación del plan de pagos tras ser consultado por el alcalde sobre la existencia de un posible ilícito penal. El informe del habilitado nacional, que el Gobierno local no facilitó hasta ayer a la oposición, evidencia las anomalías de un proceso que, aún hoy, sigue inconcluso. Días después de disponer de este informe, el Ejecutivo anunció que renunciaría a devolver el 50% del préstamo y pagaría ya la deuda principal a los expropiados.

"¿Existe algún tipo de delito en proponer solo el pago del 50% y el resto a 10 años y, por lo tanto, no detener el aumento de los intereses cuando tenemos en cuenta todo el dinero?". Es una de las preguntas que el mandatario llega a plantear por escrito al interventor quien, antes de responder, recuerda que no le corresponden las labores de asesoría legal. "Esta intervención no es perita en derecho penal para poder valorar si la conducta descrita constituye delito o no. Toda vez que el pleno acordó pedir el principal de la deuda con los expropiados [...] y que el plan económico financiero no establece nuevas medidas que aquellas de las que los señores concejales ya eran conocedores cuando en diciembre votaron favorablemente votar el principal de la deuda, motivar este cambio de parecer parece de una justificación muy dudosa", replica el funcionario.

En cuanto a los intereses, el habilitado estatal concluye que "desde que se consigue el quórum para solicitar todo el montante y se asumen las medidas que conlleva [...], el no utilizarlo para que no se produzcan intereses sin una motivación explícita parece no adecuado a derecho a derecho. El valorar si esta arbitrariedad o el mal empleo de fondos es una mera irregularidad administrativa o constituye un delito punible deberá ser llevado a cabo por el Ministerio público [...]. Ante las dudas de alcaldía, recomendaría remitir el expediente a Fiscalía".

Otra de las preguntas del alcalde gira también en torno a los intereses. "¿Existe algún tipo de delito por el aumento de los intereses que se deben a los expropiados a la vez que debemos pagar a Bankinter por dejar en una cuenta el 50% del dinero del que disponemos?", llega a consultar el regidor. El funcionario se muestra tajante. "Esta intervención no es perita en derecho penal. Lo que si está claro es que sería un mal empleo de los fondos públicos. Pagar dos veces intereses es obviamente un mal uso de los fondos públicos, más aún cuando la finalidad para la que fueron afectos fue la del pago a expropiados, no para actuar de excedente de tesorería en el Ayuntamiento. La propia lógica conlleva a no tener retenido en una cuenta un dinero pedido a préstamo ya que, como es obvio, el tipo de interés ofertado por los depósitos es inferior al solicitado por el dinero prestado.", destacó el funcionario, que incide en su escrito que el expediente "solo cuenta con informes del que suscribe" y "adolece de otros informes técnicos que justifiquen los cambios de parecer del órgano gestor".