Pleitos contenciosos y penales contra el Concello de Oleiros y contra su alcalde, contra resoluciones administrativas y contra sentencias judiciales, hasta el punto de terminar por presentar una querella por supuesta prevaricación contra los cinco magistrados y un fiscal que fallaron en su contra en varias causas. Todo esto se ha llevado a cabo desde el año 1997 hasta el pasado mes de abril, casi veinte años, a causa de una expropiación de terrenos para ejecutar una urbanización de chalés en A Choupana (Montrove), porque dos afectados reclamaban una retasación de sus tierras.
La Sala Especial del Tribunal Supremo acaba de rechazar la querella presentada por dos afectados de esta expropiación contra los magistrados y el fiscal que en distintos procesos fallaron contra ellos al considerar que había una "confabulación" entre ellos además de un supuesto acuerdo entre el alcalde y la junta de compensación beneficiaria de la expropiación.
Pero además esta Sala considera que dicha querella "podría rebasar las más elementales reglas de la buena fe procesal" por lo que ha acordado abrir una pieza separada para "examinar si ha existido abuso de derecho o mala fe procesal al interponer una querella sin fundamento alguno". Es decir, que después de veinte años de presentar pleitos, estos denunciantes pueden terminar siendo encausados, además de tener que pagar las costas.
En 1993 se aprobó el plan parcial de A Choupana para ejecutar 45 chalés. A estos dos afectados, que no entraron en la junta de compensación, les tasaron en el año 1997 tres terrenos de casi 4.000 metros cuadrados en 145.000 euros. Pasaron unos años y no cobraban por lo que, al haber pasado cuatro años desde la fijación del justiprecio, reclamaron una retasación de sus parcelas por el tiempo transcurrido. Planteaban un precio de 829.000 euros. El Concello emitió en 2005 un decreto que desestimaba el derecho de retasación. Tras apelar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2007 desestimó otra vez su derecho a retasación. Acudieron al Supremo e incluso al Tribunal Constitucional. Presentaron una querella contra el alcalde en 2011 que fue archivada.
"Una vez fallida la vía contenciosa y la vía penal ejercitada contra el alcalde de Oleiros pretenden una tercera vía, la presentación de una querella contra los magistrados que fallan en su contra en el proceso contencioso", cinco años después de la última sentencia e imputándoles delitos de encubrimiento y prevaricación judicial.
El Supremo vio que dichas imputaciones "carecen del más mínimo indicio objetivo de realidad" y se hicieron para "prolongar el debate jurídico" tras agotar las posibilidades en otras instancias judiciales.
