Los ayuntamientos están obligados a disponer desde el pasado diciembre de un portal de transparencia desde el que rendir cuenta con los administrados. El objetivo, más allá de prevenir casos de corrupción, es ofrecer al ciudadano información puntual sobre el empleo de los fondos públicos.
Han pasado ocho meses desde que entró en vigor la ley y dos concellos del área siguen sin disponer de está ventana de información ciudadana. Se trata de Oleiros y Oza-Cesuras. El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, ha esquivado una y otra vez las quejas de la oposición y se niega a habilitar la web obligatoria por ley. Este diario preguntó al Concello los motivos que le llevan a adoptar esta actitud de rebeldía. No obtuvo respuesta.
El regidor de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro, ha habilitado en la web municipal una casilla de transparencia, pero este enlace conduce a un portal sin un solo contenido. Desde el Gobierno local de Oza-Cesuras sí dan explicaciones y atribuyen el retraso en la puesta en marcha a problemas técnicos derivados de la fusión de los concellos de Oza dos Ríos y Cesuras. Un portavoz del Ayuntamiento explicó a este diario que la página web del Concello es provisional y que esperan disponer de la definitiva en septiembre.
Aunque los casos de Oza-Cesuras y Oleiros constituyen los incumplimientos más flagrantes, la mayor parte de los concellos del área metropolitana vulneran la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Las lagunas en la información son especialmente clamorosas en los concellos del rural. El de Vilarmaior, por ejemplo, incluye la preceptiva casilla de acuerdos plenarios, que solo permite al ciudadano leer el acta de constitución del gobierno local, del 25 de mayo de 2015. Un caso similar al de Vilasantar, que no ha puesto a disposición de sus administrados ni un solo acta de 2016. Ambos concellos, al igual que Coirós o Paderne, solo permiten acceder al extracto del presupuesto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y no dan cuenta ni de los contratos menores ni de los acuerdos de Junta de Gobierno. Tampoco es posible acceder a los ingresos mensuales de los concejales en concepto de dietas ni de las ayudas a dedo concedidas durante este ejercicio (Vilarmaior sí expone las de 2015).
Ayuntamientos de mayor población como Arteixo también remolonean a la hora de cumplir la ley de buen gobierno. El Ayuntamiento arteixán mantiene inactiva la casilla que debería informar de los bienes de los concejales y no permite acceder a las actas de plenos, solo a un resumen. Tampoco informa de las ayudas nominativas, ni de los acuerdos de Junta de Gobierno y, como los concellos del rural, aporta únicamente un extracto del presupuesto.
Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, Bergondo o Miño han avanzado más, pero sus respectivas webs todavía presentan ciertas deficiencias. Todos los portales mantienen inactiva la casilla de los costes, grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Solo el Concello de Betanzos ha incluido un apartado en el que dar cuenta de los acuerdos de junta de gobierno y Bergondo y Sada son los únicos que informan de los contratos menores.
Los ayuntamientos del área no son los únicos que incumplen en menor o mayor medida la ley de transparencia. El portal del Consorcio As Mariñas también presenta importantes lagunas. Su presidente, José Antonio Santiso Miramontes, admitió recientemente la necesidad de mejorar a la hora de informar de sus acuerdos y gestión económica. La ley de transparencia y buen gobierno recoge la posibilidad de sancionar a las administraciones públicas que incumplan la normativa, aunque de momento no ha trascendido ninguna multa.
