La piqueta se cierne sobre los seis chalés de Veigue construidos sobre una antigua granja de conejos y con orden de derribo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los propietarios de estas viviendas levantadas en suelo rústico y sin licencia han recibido ya las primeras multas, pero se resisten a ejecutar la orden.

Las seis familias admiten que ejecutaron los trabajos sin licencia, pero alegan que el propio alcalde, de aquellas Ramón Rodríguez Ares, les autorizó verbalmente a ejecutar los trabajos. Los afectados alegan además que la Xunta incoó el expediente de reposición urbanística superado el plazo máximo que fija la ley y han solicitado sin éxito al Concello que expida un certificado de antigüedad que pruebe que residen en las viviendas desde 2001.

Los dueños de las viviendas justificaron su petición en la existencia de un supuesto error al establecer la fecha del término de las obras que había resultado determinante a la hora de ordenar el derribo.

El juzgado de primera instancia consideró probado que los afectados residían de forma habitual en los chalés desde antes de 2005, por lo que habría expirado el plazo de seis años que marca la legislación s para incoar un expediente de reposición de la legalidad (la Ax encia de Protección da Legalidade Urbanística no actuó hasta 2011). El juez de primera instancia basó el fallo en la existencia de recibos desde, al menos 2005, y en los informes de unos arquitectos que fijaban el término de las obras de acondicionamiento en 2003. El Tribunal Superior de Xustiza revocó la sentencia y ordenó demoler las casas al considerar probado que las obras se realizaron en distintas fases y no finalizaron hasta 2007, por lo que no habría prescrito el plazo.