Un grupo de vecinos de Oza-Cesuras no empadronados reúne firmas contra una tasa de basuras que tachan de "discriminatoria" porque les obliga a pagar por el servicio casi el doble que a los empadronados (97 frente a 56 euros).

La polémica no es nueva. El Concello ya se vio obligado en 2015 a devolver la diferencia a un grupo de 11 no empadronados que recurrieron judicialmente la ordenanza al entender que incurría en discriminaciones no permitidas por ley.

El Ejecutivo municipal llegó a un acuerdo extrajudicial con los recurrentes y les devolvió la diferencia, pero se negó a hacer extensivo el reembolso al resto de personas en la misma situación. Dos de estas personas que no fueron resarcidas pese a encontrarse en similar situación han puesto en marcha ahora una campaña de recogida de firmas.

Denuncian que solicitaron por escrito el reembolso y que el silencio fue la única respuesta del Concello. "Vamos a recoger las máximas firmas posibles. Nos sentimos totalmente discriminados", relata uno de los afectados. El Gobierno local alegó desde el primer momento que la tasa no discrimina a los no empadronados, sino que bonifica a las personas censadas en el municipio. Incrementar el padrón fue uno de los principales objetivos que se marcó el alcalde, Pablo González, desde la fusión de Oza y Cesuras. Y es que el flamante concello se estrenó con solo 5.400 vecinos y más que ganar, ha perdido población desde entonces.

Una de sus primeras medidas que adoptó el Ejecutivo fue modificar las ordenanzas de los servicios básicos para intentar fijar y ampliar población con bonificaciones solo para empadronados. La normativa de recogida de basuras recoge bonificaciones inexistentes en los ayuntamientos del entorno y que prácticamente se extienden a todos los censados. Mientras que los concellos del entorno solo establecen descuentos para familias en riesgo de exclusión social o rentas muy bajas, Oza-Cesuras ofrece rebajas del 40% a jubilados, desempleados, familias con al menos un estudiante, personas que vivan solas, unidades que estén integradas por alguna persona con dependencia (de al menos el 33%, familias numerosas, oficinas con domicilio fiscal en el municipio, etc. La oposición ya protestó en su día contra la ordenanza, que tachó de discriminatoria.