El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha estimado la demanda del Consorcio As Mariñas contra Albada, la empresa que gestiona la planta de basura de Nostián, por los meses que estuvo sin gestionarle los rechazos después de que el organismo supramunicipal se negase a abonar el sobrecoste que le exigía. El dinero que le costó al Consorcio contratar a una tercera empresa para trasladar esos rechazos de la basura a Cerceda de noviembre de 2011 a diciembre de 2012 se ha valorado en 564.393 euros y ésa es la cantidad que tendrá que pagar Albada al Consorcio. La sentencia no es firme.
El juez considera probado que Albada "incumplió la prestación" porque decidió de forma unilateral dejar de gestionar los residuos que no se pueden tratar en la planta coruñesa, los rechazos. La sociedad mercantil alegó que tenía pérdidas, un desequilibrio económico, y logró con A Coruña un acuerdo para abonar un sobrecoste, pasar de los poco más de cuatro a los siete euros por tonelada de precio de gestión.
El Consorcio se negó a abonar este sobrecoste al alegar que el acuerdo con A Coruña no incluyó al ente comarcal, que ni siquiera fue parte en el expediente. Ante esta negativa a pagarle el nuevo precio, Albada optó por finalizar una de sus prestaciones, la gestión de los rechazos, tanto en noviembre y diciembre de 2011 como todo 2012.
Informes de servicios técnicos y jurídicos del Consorcio fueron contrarios al pago de las facturas que presentaba Albada por incluir la totalidad del servicio, la recogida de basura y gestión de los rechazos, cuando ésta no realizaba este último servicio. La empresa también había rechazado la propuesta de presentar facturas desagregadas para pagar solo el servicio de transporte que es el que hacían. El ente comarcal, tras este conflicto, presentó una demanda para recuperar el dinero pagado por un servicio no realizado. Tuvo que presentar un recurso de lesividad contra varios acuerdos que había decretado en 2012 y 2013 de abono de facturas a Albada, una de 2,6 millones, otra de 1,1 millones de euros y otra de 1 millón.
El Consorcio tuvo que recurrir al trámite de lesividad (por la normativa estatal respecto a pago a proveedores) del pago de todas estas facturas al no tener desagregada la parte del tratamiento de rechazos que no se realizó. Por lo tanto, ahora con esta sentencia favorable, no significa que los 4,7 millones pagados por esos años a Albada tengan que ser devueltos, sino que el Consorcio reconoce que la empresa tenía derecho al abono de esas facturas pero descontándole del importe total los 564.393 en que se valoró el coste de tener que contratar a otra empresa ese tiempo para gestionar los rechazos, lo que le supuso un incremento de gasto al Consorcio. Es decir, que se realiza una convalidación de los pagos ya realizados.
Albada alegó que fue decisión "unilateral" del Consorcio contratar a otra empresa para el servicio de traslado de rechazos así que es el único responsable. El juzgado no obstante consideró que quedó acreditado que fue Albada la que "incumplió" y el ente se vio "obligado" a garantizar la continuidad del servicio público con otra empresa. El ente supramunicipal se ha mostrado "satisfecho" con esta sentencia.
Albada también presentó este año un recurso contra el Consorcio al entender que le adeuda casi dos millones por el sobrecoste de trasladar los rechazos a Sobrado.
