La Audiencia Provincial ha condenado a dos años y 10 meses de prisión al propietario y gerente de un negocio de compraventa de vehículos de Vilasantar por falsedad continuada de documentos privados y falsedad mercantil para cometer una estafa. Los jueces condenan al empresario a una pena de un año y cuatro meses por un delito de falsedad continuada y a un año y seis meses por falsedad mercantil con ánimo de estafar. El acusado, con antecedentes penales por apropiación indebida, deberá indemnizar con 10.000 euros a una empresa financiera.
La Sala considera probado que el dueño de Gangas Motor engañó a la empresa con la que había concertado un acuerdo para que facilitase la financiación a su clientela, Santander Consumer E.F.C. (con sede social en Boadilla del Monte, en Madrid).
Según recoge el fallo, dictado el pasado 2 de diciembre y que es susceptible de recurso ante el Supremo, la empresa había llegado a un acuerdo con esta entidad, a la que remitía la documentación acreditativa de la identidad del prestatario y los datos de su solvencia económica. Las operaciones se aprobaban o no en función de un sistema informático que ponderaba la capacidad patrimonial del comprador para atender a su obligación de reembolso.
Los jueces han estimado parcialmente la denuncia de Fiscalía y la empresa Santander Consumer consideran probado que el acusado, por sí mismo o a través de una persona a sus órdenes, "procedía a modificar los datos de las nóminas o documentos entregados por sus clientes a su conveniencia y cuando los ingresos del solicitante hacían prever el rechazo del préstamo".
La Audiencia Provincial ve indicios de falsedad documental en cuatro contratos de venta de vehículos, aunque al menos uno de ellos se saldó sin perjuicios dado que el comprador abonó la totalidad del préstamo por lo que rechaza la petición de indemnización.
En otro de los casos estas manipulaciones dieron pie a reclamaciones judiciales. Entre otros, una por un contrato de financiación para la compra de un vehículo de 22.238 euros a un hombre que aportaba como único ingreso 357 euros de pensión y que solicitaba una financiación de 14.000 euros. Según recoge la sentencia, el acusado cambió la cantidad que constaba como ingresos, que pasó de 357 a 750 euros mensuales.
El acusado alegó sin éxito que era un mero trabajador pero los jueces rechazaron el alegato dado "por su rol de propiedad y dirección de la empresa" y consideran "irrebatible" su obligación de compensar los 10.000 euros objeto de defraudación a Santander Consumer.
