El Gobierno de Oza-Cesuras aprobó ayer en solitario iniciar los trámites para adquirir el edificio que una asociación vecinal comenzó a construir en suelo rústico sin licencia, proyecto ni dirección de obra. El PP defiende la adquisición de este edificio por el "interés" de incrementar sus equipamientos y defienden que las obras, ya avanzadas, son legalizables.
El inicio de la operación llega a pleno solo un mes después de que el juzgado abriese una investigación tras la denuncia del PSOE. La ejecución de este centro social estuvo envuelto en polémicas desde el inicio. Desde la asociación vecinal defendieron que el Concello colaboraba en la obra con la aportación de material, pero a raíz de la denuncia del PSOE, el Ayuntamiento ordenó paralizar los trabajos y, ahora, eleva a pleno una propuesta de convenio que el colectivo había presentado por registro en noviembre de 2015.
En virtud de este acuerdo, los vecinos cederán la edificación a cambio de que el Concello asuma la redacción del proyecto y todos los trámites jurídicos y administrativos para la apertura del centro social, así como el pago de los materiales de construcción y la asociación se encargaría de finalizar la obra.
La oposición (PSOE y BNG) pidió sin éxito que el punto quedase sobre la mesa porque no había informes jurídicos ni económicos que avalasen la operación. "Podría ser el cooperador necesario de una infracción urbanística grave", advirtió la socialista Pilar Pedreira. El alcalde, Pablo González Cacheiro, defendió que solo se aprobaba el inicio de los trámites y que los informes se presentarían más adelante. El regidor defendió que se reclamarán ahora informes sobre la viabilidad y que, en función de lo que determinen, se tomará una decisión. "Ahora mismo no estamos cometiendo ningún tipo de ilegalidad", defendió. El PSOE votó en contra. El BNG se abstuvo.
