Miño prevé ingresar un millón más que en su último presupuesto sin subir impuestos

El Concello presenta su primer presupuesto desde 2014 - La interventora rechaza el plan de ajuste por la millonaria deuda de Fadesa que recomendaba su antecesor

20.03.2017 | 13:57
El alcalde, en un pleno, mira hacia el portavoz del PSOE en una intervención.

Supedita las medidas a la respuesta del Estado a la petición de ampliar el plazo de devolución

Tras tres años de presupuestos prorrogados, el Concello de Miño elevará este mes a pleno las cuentas de 2017. Se trata del primer proyecto contable del Ayuntamiento tras el varapalo judicial de Fadesa, pero la millonaria deuda contraída para pagar a los expropiados de Costa Miño Golf apenas encuentra reflejo en sus expectativas contables.

El Gobierno municipal vaticina un millón más en ingresos que los previstos en el último presupuesto aprobado en 2014. Las cuentas pasan de los 5.091.522 euros de hace tres años a 6,2 millones. El Ejecutivo prevé un gasto considerablemente menor, de 5.751.377 euros, lo que arrojaría un superávit que le permitiría hacer frente al pago de otra de sus losas urbanísticas: la devolución del canon urbanístico de Monte Piñeiro. Descontados los 500.000 euros adeudados por este fallido desarrollo, el Concello estima que dispondría de una capacidad de financiamiento de 283.345 euros.

La previsión de más ingresos no se acompaña de un aumento de impuestos y tasas. El Gobierno local sostiene que sus estimaciones son "prudentes y realistas" en base a las liquidaciones de los últimos años. Mientras que en 2014 optó por realizar una estimación a la baja de los ingresos (5.091.522 euros) en relación con lo liquidado en 2013 (5.705.600 euros) para incrementar el remanente de tesorería y "evitar cualquier situación de falta de liquidez"; en esta ocasión el Concello ha realizado una previsión ligeramente a la alza con respecto a los derechos reconocidos por impuestos y también en transferencias de otras administraciones.

A nivel de gastos, el pago de nóminas absorbe un 25% del presupuesto (1.438.229 euros); el gasto corriente copa el 50%, 2.900.234 euros; las subvenciones, el 4,5% (261.300 euros); los gastos financieros el 4,5%, 262.200 euros, y las inversiones reales, el 8,4% (487.939 euros). La reorganización de los viales del centro y obras de pavimentación y saneamiento son las principales obras incluidas en el anexo de inversiones.

El Concello ya avanza en los informes que acompañan al presupuesto que no prevé gastar la totalidad de lo previsto. Argumenta que las actuales restricciones en contratación llevarán aparejado que solo se ejecute el 81% del capítulo de personal y que tiene previsto poner en marcha medidas de ahorro que podrían dejar en caja el 20% de los fondos reservados para subvenciones y convenios de colaboración con otras administraciones.

El documento contable apenas hace alusión al crédito para pagar la deuda principal de las expropiaciones de Fadesa, a pesar de que este préstamo multiplica prácticamente por tres los gastos anuales del Concello (12,5 millones). La interventora se limita a detallar en su informe la existencia de un volumen de deuda viva de 15.320.369 euros a 1 de enero de 2017 que, estima, se reducirá a 15.089.423 euros a final de año. El nivel de deuda representaría el 295% de los ingresos corrientes que prevé liquidar en este ejercicio. El ahorro negativo neto ascenderá a 1,2 millones.

A pesar del importante volumen de deuda, la funcionaria no considera necesario aprobar ya un plan de ajuste, en contra de lo que defendía su antecesor en el puesto y constata que las cuentas cumplen el principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. La interventora sostiene que la operación de crédito al amparo del Fondo de Impulso Económico no se sometió por la Administración del Estado a la exigencia de dicho plan y que no se deben adoptar medidas para evitar incumplir el principio de estabilidad financiera hasta 2018, cuando finaliza el período de carencia (la primera cuota, de más de un millón, hay que pagarla en febrero de 2018). La funcionaria fía además los posibles ajustes a la respuesta que dé el Ministerio de Hacienda al escrito presentado por el Concello el 1 de febrero para pedir la ampliación del plazo de devolución de 10 a 30 años. "La contestación será determinante a efectos de valorar las medidas que deberá adoptar el Concello", aduce.

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