El concejal del Partido Demócrata Sada Popular (PDSP), Emilio Gómez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña para que se investigue la elección de una concejala del Partido Popular para un puesto al que no podían optar cargos electos en la Administración Local. La edil Nuria Castro obtuvo el puesto de técnica en el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (Galp) Golfo Ártabro Sur, entidad colaboradora de la Consellería do Mar que gestiona fondos de la Unión Europea.

Un comité de valoración adjudicó a esta concejal la máxima puntuación en el proceso de selección a pesar de que las bases prohibían optar al puesto si se ostentaba un cargo en la Administración local. El PDSP recuerda que Nuria Castro se presentó a las pruebas de selección "ante un comité de selección presidido por su primo, Andrés García Boutureira" y solo dimitió como edil "después de que el comité de valoración le hubiese otorgado a ella la máxima puntuación después de una entrevista personal".

El PDSP cree que "estas anomalías pueden ser constitutivas de algún delito" y ha enviado al fiscal toda la documentación del proceso para que se depuren posibles responsabilidades penales. También reclama la dimisión de los directivos del GALP, entre ellos el primo de la edil y patrón mayor de la Cofradía, un exconcejal del PSOE y un edil del BNG del Gobierno actual.

El Ejecutivo local, a propuesta del alcalde y tras una reunión de Grupo de Gobierno, acordó enviar un escrito a la Consellería do Mar en el que solicita que reclame al GALP que tome "medidas" para excluir a Nuria Castro del proceso selectivo o, que en caso de estar formalizado ya el contrato de trabajo, éste sea extinguido. El Concello subraya que se incumplieron las bases y se vulneró el principio de legalidad y debe tomar medidas la Consellería do Mar por ser entidad colaboradora de este departamento.

El Gobierno también envió un escrito a la junta directiva del GALP (que se reunirá el lunes día 27), firmado por el edil Liss Becerra (miembro de la junta del GALP que hizo la selección), donde reclama que se mande el expediente del proceso a la consellería para que redacte un dictamen jurídico, después de que la comisión de selección acordase encargar un informe jurídico externo del caso, en contra de su criterio.