La Junta del Personal funcionario y el comité de empresa del personal del Ayuntamiento de Sada emitió ayer un comunicado conjunto para exigir la dimisión del concejal de Obras, Miguel Tenreiro. Los sindicatos basan su reclamación en las "graves infracciones cometidas al ordenar a los operarios municipales la realización de trabajos en el lugar del castro de San Mamede sin comprobar la legalidad de la actuación".

Los sindicatos que representan a los trabajadores, CSI-F, CCOO y UGT, consideran que el edil de Sadamaioría podría "haber incurrido en graves irregularidades al ordenar la realización de talas de árboles en una finca particular" y en un ámbito "de especial protección del patrimonio" sin las pertinentes autorizaciones sectoriales. "La chapuza cometida por el concejal es de tal calibre que solo cabe exigir su dimisión", denuncia la junta de personal y el comité de empresa en su comunicado.

Los trabajadores avanzan que se plantean denunciar los hechos ante Fiscalía. Este comunicado conjunto llega unos días después de que el CSI-F, sindicato mayoritario, exigiese la "inmediata dimisión" de Miguel Tenreiro y abriese la puerta a una posible denuncia. El Gobierno local ha declinado hacer declaraciones de momento.

Es la segunda vez que los sindicatos del Ayuntamiento de Sada se suman en una protesta contra el actual Gobierno local. La primera fue días después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitiese parcialmente la denuncia contra la oferta de empleo pública de 2006 y dejase 60 puestos de trabajo en el aire. La Sala anuló concretamente las bases específicas, el cuadro de personal de 2005 y 2006 y la relación de los puestos de trabajo en lo relativo a la inclusión como personal laboral fijo de los puestos de psicólogo, perito agrónomo, director de la Casa da Cultura, agente de desarrollo local y auxiliar de biblioteca, que deberán ser clasificados como personal funcionario.

Los sindicatos convocaron una protesta solo unos días después del auto que el Supremo ha confirmado ahora al inadmitir el único recurso planteado. La sentencia ha caldeado los ánimos de la plantilla, que deberá negociar ahora con el Gobierno local la salida más satisfactoria a un embrollo jurídico laboral que mantiene desde hace diez años a la plantilla en vilo.