El Concello de Miño publicó ayer en las redes sociales la liquidación de 2016, que dibuja un escenario más que preocupante para este pequeño municipio costero acuciado por una millonaria deuda urbanística. El Ayuntamiento cierra el ejercicio con un volumen de deuda sobre los ingresos corrientes liquidados del 300%, casi tres veces el máximo que permite la ley de haciendas locales (del 110%).
El exceso de gasto computable a 2016 es de 12,26 millones de euros, que equivale a multiplicar por dos los ingresos estimados para este año, 6,2 millones.
El Ayuntamiento cierra el ejercicio con una necesidad de financiación de 11 millones y un superávit de solo 285.220 euros, inferior al previsto por el Gobierno local de 500.000 euros.
La millonaria deuda con los expropiados por la macrourbanización de Martinsa Fadesa deja en la cuerda floja al Consistorio, que rechazó la recomendación del anterior interventor de presentar cuanto antes un plan de ajuste para garantizar la devolución del crédito de 12,5 millones que acordaba aceptar del Estado en diciembre de 2015.
El Gobierno local se ha negado hasta ahora a aceptar los consejos del habilitado nacional de subir impuestos y realizar recortes. El alcalde, el independiente Ricardo Sánchez, insistía recientemente en que "no tocaba" el plan de ajuste, tachaba de "draconianas" las propuestas del funcionario y anunciaba la pronta aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo que incrementaría el gasto en personal sin explicar cómo compaginaría esas mejoras salariales con el pago del préstamo estatal.
El Ejecutivo insistió hasta ahora en que no tenía que elaborar el plan de ajuste hasta aprobar la liquidación, pese a que era evidente que incurriría en déficit. El Gobierno local ha fiado el futuro del Consistorio a que el Estado amplíe el plazo de devolución del préstamo de 10 a 30 años o a que el Supremo revoque la sentencia que le niega la condición de acreedor preferente de Fadesa. Dos posibilidades que, de momento, no se han cumplido.
A la vista de los resultados del ejercicio 2016, el Concello está obligado por ley a elaborar ya el plan de ajuste. La legislación establece el plazo de un mes desde que se constata el incumplimiento para presentar el plan económico financiero (la liquidación lleva firma del pasado 28 de abril) y dos meses para su aprobación por el pleno.
