El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la Xunta a abonar 150.000 euros a la empresa Saria, con base en Arteixo. La compañía recibió en 2007 un encargo de un juzgado de Marín para destruir casi 100.000 kilogramos de bacalao defectuoso que Aduanas se incautó de un barco de bandera rusa. El conflicto surgió cuando la empresa intentó cobrar la factura. El juzgado le indicó que debía ser la Xunta la que abonase los trabajos. El Gobierno gallego se negó a pagar y aseguró que debía ser la Administración General del Estado, la que se desentendió del asunto. Tras diez años de interminables trámites Saria ha logrado que el Superior condene a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. El fallo es recurrible ante el Supremo.
El tribunal considera que debe ser la Xunta la que asuma el pago de los trabajos debido a que posee "las competencias sobre provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia".
Aduanas se incautó en el puerto de Marín en 2007 de casi 100.000 kilogramos de bacalao defectuoso de un buque ruso. El Juzgado de Instrucción número 2 de Marín ordenó contratar los servicios de Saria para que eliminase el pescado en su planta de Arteixo, ya que la empresa "está especializada en la destrucción de material perecedero", según la sentencia del Superior.
El fallo del tribunal relata que tras completar el encargo Saria envió en octubre de 2007 la factura al juzgado, que a su vez las mandó en marzo de 2008 a la delegación provincial de Xustiza. Este organismo indicó a la empresa que debía acudir a la delegación para cobrar. Representantes de la empresa se presentaron en el lugar y el Gobierno gallego alegó en abril que el recibo estaba en poder de la Fiscalía y que no sabía nada más del asunto.
En noviembre de 2008 la empresa remitió a Xustiza la factura y un escrito del juzgado que aclaraba el origen de la reclamación. En marzo de 2009 la Xunta aseguró que abonaría los recibos cuando concluyese el procedimiento judicial. Pasó el tiempo y Saria acudió en 2010 al juzgado para cobrar la factura. Este le indicó que el recibo estaba en manos de la Xunta.
La compañía intentó cobrar otra vez la deuda ante el Ejecutivo autonómico, que finalmente en febrero de 2011 afirmó que debía ser la Administración General del Estado quien pagase. Este organismo tampoco quiso asumir la deuda. Saria volvió a reclamar ante la Xunta, que finalmente le reconoció una deuda de 29.310 euros. La empresa acudió al Superior por entender que ese no era el precio fijado. Finalmente el Superior da la razón a Saria.
