Año y medio después de que Intervención recomendase aprobar sin más dilación un plan de ajuste, el Gobierno local de Miño ha dado su brazo a torcer y ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario el 17 de julio para aprobar las medidas de ahorro excepcionales que permitan reducir su desorbitada deuda. El Ejecutivo ha apurado al máximo los plazos para elaborar el plan económico-financiero que garantice la devolución del préstamo de 12,5 millones, cuya redacción pospuso durante meses a la espera de una ampliación del plazo de devolución del crédito.

Según ha podido saber este diario, el Gobierno local sopesa subir impuestos como el IBI, aunque todavía no ha trascendido las cifras concretas. El incremento del IBI al 0,80 era una de las medidas "dolorosas" que planteaba el anterior interventor en un plan económico financiero que presentó en febrero de 2016 y que el alcalde, Ricardo Sánchez, rechazó por incluir medidas "draconianas".

El regidor local desoyó al anterior habilitado nacional, que instaba a aprobar cuanto antes un plan económico por toda la vida del crédito (diez años) argumentando que, dado el millonario importe del préstamo (que duplica el presupuesto anual), no era necesario esperar a constatar el déficit en con la liquidación. El Ejecutivo desoyó su consejo y optó por atenerse a los plazos que marca la ley, que da un mes de plazo para elaborar el plan de ajuste y dos para aprobarlo una vez constatado el déficit por parte del Concello.

El plan económico financiero llegará, con todo, con unos días de retraso. La liquidación de las cuentas, que arroja una deuda que casi triplica el máximo legal, está fechada del 28 de abril, por lo que el plan de ajuste debería haber recalado en pleno antes del 28 de junio,

El Gobierno local todavía no ha avanzado las medidas que tiene previsto poner en marcha para reducir su descomunal deuda con los expropiados de Fadesa y por otros pagos pendientes, como el último pago del canon de Piñeiro. El pago del préstamo de 12,5 millones solo supone una parte de la deuda que mantiene con los expropiados, que asciende a más de 25 millones.

Intervención proponía en diciembre de 2016 subir la tasa de basura y el IBI (este último entre un 20% o 25%); suprimir ayudas (incluida la de transporte metropolitano) y prescindir del personal eventual, de trabajadores temporales a cuenta del Concello y de puestos vinculados a competencias externas. El alcalde descartó en varias ocasiones la subida de impuestos y el recorte de servicios que planteaba el interventor y defendió aprovechar los dos primeros años de carencia del crédito para adoptar solo "medidas paliativas de ahorro" (como unificar contratos) con la vista puesta en que el Estado accediese a ampliar el plazo de devolución.

Sin noticias de esa ansiada moratoria, el Concello debatirá en pleno verano un plan de ajuste que llevará aparejado recortes y, probablemente, subida de impuestos. El PSOE denuncia desde hace más de un año el retraso del Ejecutivo en tomar medidas que garanticen la devolución del préstamo y que eviten la intervención de Miño.