El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a concurso los trabajos de vigilancia ambiental de la regeneración de la playa de Sada. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita por 291.107 euros el control de la obra cuyo contrato no ha sacado todavía a concurso, después de desistir del concurso el pasado mes de abrir y reiniciar el proceso. El alcalde, Benito Portela, recuerda que "hace tres meses que se anunció la licitación 'inminente' de la regeneración de la playa" y espera que la licitación de su control ambiental sea indicio de la pronta convocatoria del concurso de la obra, anunciada desde 2005.

Portela asegura que el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, le afirmó la semana pasada que se ultimaban los trámites para licitar el contrato de la regeneración de la playa, que constituye la primera fase de la actuación medioambiental proyectada para la ría de O Pedrido. "Me aseguró que solo faltaba el visto bueno a nivel jurídico, por lo que pronto se sacaría a concurso la obra", cuenta el alcalde, quien confía en que "ahora sí sea inminente". Eimil le trasladó que ya había luz verde para la financiación, relata el regidor.

El plazo fijado para la presentación de ofertas de empresas candidatas a la vigilancia ambiental concluye el 18 de agosto. La apertura de sobres de ofertas económicas será el 14 de septiembre. El periodo transcurrido sin que se haya licitado la regeneración dificulta que la obra pueda comenzar este año, como se había comprometido.

La playa de Sada obtiene malos resultados en la calidad de sus aguas desde que en 2013 recibiera el último aprobado. El mal estado del arenal se suma al deterioro de playas de la ría como Gandarío, con una parte desaconsejada al baño.

La regeneración acumula consecutivos retrasos tras años excluida de los presupuestos estatales o con la contratación paralizada. El desestimiento de Costas fue el último motivo de demora. El marzo, un mes antes de que se anulara la convocatoria, el alcalde envió un escrito al Ministerio de Medio Ambiente para mostrar su "indignación" por el retraso de año y medio que acumulaban entonces los trabajos, reclamados desde hace años por todos los grupos de la Corporación.

"Seguimos sin tener noticias de esta actuación medioambiental que como le expresé anteriormente es de vital importancia para el devenir de Sada, municipio que lleva aproximadamente 11 años intentando convertir el arenal urbano en un lugar de uso y disfrute de la ciudadanía", denunciaba el alcalde en la misiva al Ministerio. Y añadía: "Sada necesita urgentemente esta actuación medioambiental en nuestro arenal que potenciaría otras actuaciones que seguro impulsarían la creación de empleo y la cultura emprendedora".

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar anuló en abril el concurso para la regeneración de la playa de Sada que había aprobado hace dos años, en vísperas de las elecciones municipales. El organismo estatal emitió una resolución en la que acordaba desistir del proceso por "una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento" y en la que se comprometía a "reiniciar de manera inmediata el procedimiento de licitación, abriendo un nuevo plazo para la presentación de ofertas" .

Costas justificó su decisión de desistir del concurso por la "inseguridad jurídica" que rodea el proceso, tras permanecer paralizado durante casi año y medio. El departamento estatal aprobó comenzar de nuevo el procedimiento de licitación de inmediato, con lo que garantizó los fondos, pero demoró una vez más el inicio de las obras.

El ente sacó a concurso las obras el 22 de mayo de 2015 por 2.468.594 euros. El 3 de septiembre de ese año procedió a abrir las ofertas económicas y excluyó la de 1,1 millones presentada por la empresa Dragados por considerarla "anormal y desproporcionada". Dragados recurrió su exclusión y el 17 de septiembre de 2015 presentó un escrito para justificar su oferta que no llegó a ser respondido. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente admitió que el expediente quedó entonces "paralizado de facto" por la "inminente interinidad" en la que entraba el organismo estatal por elecciones generales. Costas vio improcedente continuar con el procedimiento por el "tiempo transcurrido (18 meses) desde que la mesa de contratación hubiera debido analizar los preceptivos informes y proponer adjudicatario" y dada la "inseguridad jurídica que podría generar su continuación tras haberse incumplido los plazos previstos por la legislación".