El PP tumbó hoy en el Parlamento dos proposiciones no de ley de BNG y En Marea para evitar que la la Fundación Francisco Franco gestione las visitas al pazo de Meirás, reclamar la ilegalización de este colectivo por hacer apología de la dictadura e instar a la Xunta a adherirse a la Junta Pro Devolución del pazo para recuperar este Bien de Interés Cultural que fue regalado al dictador tras ser adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria.

El PP votó en contra de todas las propuestas y planteó una enmienda dirigida a crear una comisión que evaluase los vicios en la adquisición del pazo que abra las puertas a su recuperación en un futuro. El PP quiso dejar claro otra vez que no es un partido franquista y que condena la dictadura como condena "cualquier vulneración del orden democrático", en palabras del popular Pedro Puy, que no dudó en comparar el régimen franquista con la celebración del referéndum en Cataluña, un símil idéntico a la que realizó hace unos días la Fundación Francisco Franco y que arrancó hoy en el Parlamento los aplausos de la bancada del PP.

El PP argumentó que la democracia es "respetar los derechos constitucionales de todos", resulten gratas o no sus ideas. "No compartimos el ideario de la fundación, consideramos que no favorece la convivencia democrática", se limitó a decir Puy, que se negó a instar la reforma de la ley de fundaciones para ilegalizar al colectivo e impedir que gestione las visitas del pazo de Meirás. "Eso tienen que hacerlo los tribunales", sostuvo. El PP también se negó a declarar non grata a la familia del dictador por sus reiteradas trabas a abrir el pazo al público o a denunciar las declaraciones de la fundación por hacer apología de la dictadura. Los populares presumió de su "compromiso con el cumplimiento de las leyes" y destacó que han sido los primeros en sancionar a la familia Franco por incumplir el régimen de visitas. La multa asciende a 4.500 euros (la ley de patrimonio establece un máximo de 6.000 euros).

"Tibia", "cómplice", "timorata", "permisiva", "ambigua". Fueron algunos de los calificativos que mereció para la oposición la actitud del PP ante los incumplimientos de la ley por parte de la familia Franco y su "provocación chulesca y macarra", en palabras del BNG, al encomendar la gestión de las visitas a una fundación que pretende utilizar este recurso público para ensalzar la "grandeza" del dictador. Todos los grupos rechazaron la enmienda del PP de limitarse a crear una comisión de investigación que analice la posibilidad y los mecanismos para recuperar el pazo de Meirás.

PSOE, BNG y En Marea argumentaron que ya hay documentación suficiente que prueba las extorsiones de la Junta Pro Pazo para adquirir el pazo en 1938 y reclamaron sin éxito la adhesión de la Xunta a la Junta Pro Devolución impulsada por la Diputación de A Coruña y de la que forma parte la Universidad . Todos los grupos afearon al PP que se negase a aprobar una "condena expresa" de las declaraciones "intolerables" de la fundación y de la familia Franco, medidas para ilegalizar a este colectivo y para que sea el Concello de Sada el que gestione las visitas y la adhesión a la Junta pro Devolución del pazo recuperar As Torres para el patrimonio público.BNG, PSOE y En Marea calificaron además de "ridícula" la multa impuesta a los herederos del dictador por incumplir el régimen de visitas.