SADA

Abanca derriba dos de las diez viviendas ilegales de la urbanización O Loureiro

El banco, dueño del ámbito, prevé legalizar los otros chalés - Varias familias enterraron sus ahorros en estas casas ilegales autorizadas durante el mandato de Rodríguez Ares

10.02.2018 | 09:46
Derribo, ayer, de uno de los chalés ilegales de la urbanización de O Loureiro, en Pazos.

Obtiene permiso para transformar los ocho chalés pareados en cuatro casas aisladas

Transcurridos más de diez años de una de las épocas más negras del urbanismo de Sada, la piqueta ha reducido a escombros dos de los diez chalés pareados de la urbanización de O Loureiro. Se trata de uno de los ámbitos residenciales autorizados por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares en suelo de núcleo rural durante los años 2004 y 2005 que fueron posteriormente anulados por la Justicia por incumplir la normativa urbanística. El derribo de estos dos chalés de Pazos supone la primera consecuencia visible del desaforado urbanismo que llevó a la Xunta a anular en 2006 las normas subsidiarias de Sada.

La piqueta entra en O Loureiro ocho años después de que el Tribunal Superior de Xustiza ratificase la anulación del permiso para construir esta urbanización. Los jueces dieron la razón a la Xunta, que denunció que el permiso amparaba la construcción de diez viviendas pareadas en un parcela en donde la normativa solo permitía una; que infringía la prohibición de segregación y que admitía además un exceso en la edificabilidad y densidad máxima de viviendas por hectárea.

La construcción de este urbanización, construida por la promotora Fraínde y propiedad ahora de Abanca, dejó un reguero de víctimas. Familias que enterraron sus ahorros en unas casas que solo pudieron habitar durante unos días antes de su desalojo forzoso por unas irregularidades que desconocían cuando las compraron. Una de las compradoras, una mujer que invirtió 240.000 euros en una de las casas y que no ha recuperado el dinero, reclamó en 2015 la ejecución de la sentencia y denunció la pretensión del Concello, gobernado entonces por el PP, de "legalizar las casas al banco".

El Ministerio fiscal reclamó explicaciones al Ayuntamiento, que adujo entonces que el plan general todavía está en fase de tramitación y que, en todo caso, "las edificaciones no se adaptarían al nuevo PGOM por superar los parámetros de densidad y edificabilidad", sin aportar más detalles.

Todo apunta a que finalmente buena parte de la urbanización podrá salvarse de la piqueta a pesar de que el actual Gobierno local reclamó inicialmente un proyecto de demolición integral. El alcalde, Benito Portela (de Sadamaioría) abrió en julio de 2015 un expediente de legalidad urbanística "tendente a la demolición de las diez viviendas" y, tras solicitar los informes preceptivos y dar audiencia al titular, aprobó un decreto en junio de 2016 en el que instaba a Abanca a presentar en el plazo máximo de tres meses un proyecto de la demolición de los diez chalés pareados. El regidor destacaba en su decreto que Abanca no había presentado durante todo ese tiempo un proyecto de legalización y advertía expresamente al banco de que se exponía a multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria de la orden.

Tras un año y cinco meses sin que trascendiesen noticias, el alcalde firmó un nuevo decreto en noviembre de 2017 en el que concedía a Abanca licencia de legalización y de parcelación para cuatro fincas. El decreto recoge que solo se demolerán íntegramente dos de las casas y que los otros ocho chalés pareados serán transformados en cuatro casas aisladas, con las adaptaciones necesarias para que cumplan la normativa, que detalla un informe de mayo de 2016 redactado por Javier Corredoira Isasi a solicitud de Abanca (este arquitecto había sido contratado previamente por el exalcalde Ernesto Anido para "agilizar" la redacción del plan general).

El Concello de Sada informa en el decreto que formulará un incidente de inejecución de la sentencia que ordenaba el derribo por "circunstancias legales sobrevenidas". El Ejecutivo municipal niega en la resolución que "exista voluntad de eludir un fallo judicial" y argumenta que la normativa urbanística en vigor no es la misma que regía en el momento de concesión de la licencia, que la ordenanza provisional modificada por la Xunta en 2012 eliminó la prohibición de parcelar en suelo de núcleo rural y que la nueva Lei de Solo modificó el régimen de parcelaciones.

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