El departamento municipal de Intervención de Carral alerta de que el reconocimiento extrajudicial de crédito por un total de 386.356 euros presenta "irregularidades manifiestas". Urge a contratar dos servicios que se prestan en precario y a asumir la gestión directa de otro de acuerdo a lo aprobado en 2012, con el plan de ajuste. La interventora insiste de nuevo en reclamar al Gobierno local "una política seria de contención del gasto" y avisa de que la aprobación de los pagos que se llevarán a pleno el próximo martes, día 13, "está hipotecando el presupuesto de 2018, sobre todo, por el importante importe" pendiente, señala el informe.

La funcionaria destaca tres de las facturas pendientes por entrañar "irregularidades manifiestas" relativas a su contratación. Recuerda que el servicio de ayuda en el hogar que presta Endeben Ordes "de forma continuada desde 2008", apunta, "fue encargado sin procedimiento administrativo de contratación correspondiente y por tanto sería necesario proceder a la contratación necesaria del servicio". En cuanto a la factura de Esproade por la gestión del centro deportivo de Carral, Intervención informa que este servicio "fue contratado primitivamente por contratación menor por un periodo determinado" pero "fue extendiéndose en el tiempo y, por lo tanto, sería necesaria la contratación de este servicio".

El tercer servicio sobre el que la interventora exige tomar medidas es el de limpieza viaria, que en la actualidad presta Emprego Social pese a haber finalizado su contrato sin que se haya procedido a una nueva contratación. Además, recuerda la habilitada nacional, en el plan de ajusta aprobado por la Corporación municipal en pleno en marzo de 2012 se acordó dar de baja la prestación externa de este servicio para pasase a realizarse de modo directo por personal municipal "sin que se haya hecho ninguna actuación en este sentido hasta el momento". El informe concluye con la recomendación, ya realizada con anterioridad, de realizar "una política seria de contención del gasto público para evitar que esta situación se siga contemplando ejercicio tras ejercicio".

En la propuesta de Alcaldía del expediente se apunta que "en su gran mayoría" las empresas remitieron facturas ya en 2018. No aprobarlas, añade, "supondría un enriquecimiento injusto de la Administración".