Numerosos pesqueros de bandera española que faenan en caladeros lejanos sustituyen a los mandos españoles por otros de países pobres y, por tanto, de menor coste para los armadores, lo que se traduce en pérdida de empleo para los titulados náutico-pesqueros nacionales y merma de las condiciones de seguridad para la actividad pesquera y sus protagonistas, además de fraude a la hacienda pública española y a la Seguridad Social.

Esta es la denuncia del presidente de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), el gallego José Manuel Muñiz, haciéndose eco de la "creciente inquietud y enfado" que cada vez con mayor frecuencia, dice, le transmiten los mandos de los pesqueros, que ven como "en sus puestos es cada vez más residual la presencia de españoles". "Es una cuestión escandalosa porque armadores de barcos que rara vez tocan puerto español, aprovechan para cambiar a sus mandos en puertos de Asia, América o África donde no existe control, por otros de otros países sin la titulación adecuada y eso contraviene la legislación española, que obliga a un número de titulados según el tipo de barco", asegura Muñiz.

El presidente de Aetinape asegura que "se dan casos de barcos que deberían contar con al menos cuatro mandos españoles, dos de puente y dos de máquinas, y que sólo tienen uno".

Muñiz indica que, por ello, "nuestra gente está muy molesta porque, además de ver peligrar o perder su empleo, se enfadan al ver cómo a ellos se les exige una titulación, cursos y requisitos, que no discutimos porque aumentan su capacitación y mejoran la seguridad, mientras luego ocupa sus puestos gente de otros países sin los requisitos que exigen los convenios nacionales e internacionales".

Muñiz precisa que "nuestra queja nadie debe interpretarla como xenofobia sino como una exigencia del cumplimiento de la ley, porque esas prácticas son un fraude escandaloso porque son barcos construidos con cuantiosas ayudas públicas, es decir, con dinero de los ciudadanos a través de sus impuestos y resulta que unos listos se lucran saltándose a la torera toda la legislación española y dejando en la calle a los ciudadanos de su país, bien formados. Esto no puede consentirse por más tiempo".

Por eso, señala que "es un asunto que merece una actuación contundente e inaplazable si queremos defender al sector pesquero español para que trabaje con las debidas garantías de empleo de calidad y con seguridad", señala Muñiz.

El presidente de Aetinape avanza además que entre los deberes para el nuevo curso está el insistir a las autoridades españolas para erradicar estas prácticas con un mayor control de "despachos irregulares". Entre las acciones que promueve está intentar y perseguir el cumplimiento del compromiso alcanzado hace unos meses entre el desparecido Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaría General del Mar, de forma que los tres organismos públicos colaboren en el control de estas prácticas cruzando sus datos para evitar lo que Muñiz no duda en calificar de "evidente e impresentable dumping social".

Para Muñiz, la forma de acabar con esto es "que se exija a los armadores información periódica, igual que con las capturas, de la lista de tripulantes y de mandos, para comprobar si cumplen la legalidad y su situación en la Seguridad Social; sólo así lo conseguiremos".

Los buques a que hace referencia Muñiz en muchas ocasiones pasan 4 o 5 años sin recalar en ningún puerto español por lo que relevan sus tripulaciones en lejanos puertos cercanos a los caladeros del Pacífico, Índico o Atlántico Sur donde suelen faenar, como Callao (Perú), Port Louis (Islas Mauricio), Yakarta (Indonesia), Durban y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) o Montevideo (Uruguay) "sin control alguno de las autoridades españolas".

Según los datos aportados por Aetinape, cada uno de estos buques enrola una media de 17 o 19 tripulantes, de los que hasta hace poco una media de seis eran españoles, la mayor parte gallegos. "Ahora, en su mayoría, sólo cuentan con 1 o 2 tripulantes de nuestro país y, en muchos casos, ninguno es personal cualificado", dice el presidente de la asociación que agrupa a los mandos de pesqueros españoles.

Este asunto ya fue motivo hace un tiempo de reuniones de Aetinape y algunos profesionales del sector con los portavoces de Pesca de los grupos parlamentarios de la Cámara gallega para lograr que instaran al Gobierno central a intervenir.