Tras el acoso por parte de las patrulleras argentinas que vienen denunciando en los últimos meses los mandos de la flota pesquera española que faena en el Atlántico Suroccidental, en su práctica totalidad de capital gallego, el sector vive desde este jueves en un nuevo estado de sobresalto, que los afectados describen como "horas de gran confusión y preocupación". Esta situación es la consecuencia de una orden del presidente de Uruguay, José Mújica, de prohibir el acceso al puerto de Montevideo a los buques que operan con pabellón de las islas Malvinas, "cuya soberanía es reclamada por Argentina con el apoyo de Uruguay", según figura en la propia página web de la presidencia uruguaya.
Esta decisión tiene en vilo a los armadores y tripulantes de los 18 pesqueros de capital gallego que faenan en el Atlántico Suroccidental -a la captura de merluza y calamar- que operan bajo pabellón del archipiélago.
Los empresarios gallegos, según fuentes del sector, viven pendientes de las últimas noticias que llegan desde Uruguay para conocer la evolución de un conflicto "político, en el que no entramos pero que nos vuelve a coger en medio" y que les deja sin poder usar el puerto en el que desde hace más de veinte años descargan sus capturas para embarcarlas hacia Galicia en contenedores.
Según estimaciones del propio sector, la presencia de los pesqueros de capital español en el puerto de Montevideo deja al país entre 200 y 300 millones de dólares anuales -entre 150 y 230 millones de euros- por uso de servicios portuarios, aprovisionamiento o reparaciones.
De prolongarse la imposibilidad de descargar en Montevideo se crearía un problema de enormes proporciones a esta flota, al dejarla con pocas alternativas de descarga en la región, ya que tampoco las descargas en Brasil son viables al no contar ese país con autorización de la UE para emitir los certificados sanitarios que se exigen para los transbordos de la carga pesquera para su envío al territorio comunitario.
Uno de los armadores gallegos afectados por esta situación es Javier Touza, cuya empresa -Chymar- cuenta con dos buques faenando en aquel caladero bajo pabellón de Malvinas. De hecho, uno de ellos, el Golden Touza, está en ruta hacia Montevideo después de haber acudido a Vigo recientemente.
Atención continua
"A título personal, estamos trabajando con la administración nacional de los puertos y con la Prefectura Naval, que son los que tienen competencia en materia portuaria, y con la organización que agrupa a los consignatarios y operadores privados del puerto de Montevideo, tratando de al menos clarificar la situación para ver si esta orden es temporal o definitiva", explicó ayer Touza, que también se mantiene al tanto de las conversaciones oficiales en curso en la zona, como la solicitada por el embajador británico en Uruguay, Patrick Mullee, con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
Precisamente, Touza indicó que "la solución a este conflicto debe venir de una negociación entre las autoridades uruguayas y británicas" y advirtió de las graves consecuencias que esta prohibición puede tener, de prolongarse en el tiempo, para los intereses de la flota.
