Compromiso v/s derecho

05.04.2016 | 00:47
Compromiso v/s derecho

No es de extrañar la preocupación que reina en el sector arrastrero español por las posibles consecuencias que el planteamiento francés de prohibir el arrastre a más de 800 metros podría haber acarreado a la flota española, particularmente en la que faena en aguas comunitarias internacionales, si la Asamblea gala no hubiese parado tal pretensión.

Los armadores y tripulantes españoles temen que las medidas que intentó adoptar Francia sirvan como guía a los afanes ecologistas que perviven (gracias a la actuación en Bruselas de los lobbies) en el seno de la Comisión Europea y que la prohibición de faenar a la profundidad indicada por Francia sea corregida y aumentada de forma tal que, finalmente, el arrastre resulte imposible.

La Comisión Europea sigue negándose a ver que hay vida más allá del resultado de una simple apreciación: El daño que el arrastre de los barcos gallegos puede causar en los fondos marinos del área de Gran Sol, por ejemplo, nadie ha podido hasta ahora certificarlo de forma absoluta, lo que hace que la CE actúe a su leal saber y entender y no tenga para nada en cuenta los perjuicios que la ejecución de sus decisiones causa a las empresas pesqueras.

Económica y socialmente, el perjuicio causado por una prohibición como la que aquí se teme sería definitivo. Los barcos que quedan de la flota española comunitaria estarían señalados y su desguace sería la puntilla a Galicia, que basa parte de su economía en el sector arrastrero.

Desconozco el tipo de compromiso que la Comisión Europea pueda tener establecido con las organizaciones ecologistas, pero es evidente que la UE se siente más próxima a los postulados de dichas organizaciones que a los del sector pesquero que intenta, sin lograrlo, tener la misma chance ante la UE que la que esta ofrece a los medioambientalistas.

No se quiere ver, repito, lo que la pesca significa para algunos -pocos- estados de la UE, y se opta por cercenar toda cuanta iniciativa se tome en España, particularmente en Galicia, favorable a una pesca que, aún siendo sostenible en el grado que lo es actualmente la que se practica Gran Sol, quede por debajo del Rendimiento Máximo Sostenible, engendro impresentable que ya solo manejan aquellos que nada tienen que añadir para reconocer los derechos de los barcos españoles.

Queda la leve esperanza de que Francia -y su peso específico en el seno de la Unión Europea-, al haber votado en contra del proyecto que impediría a los arrastreros faenar a más de 800 metros de profundidad en aguas propias, permita a la CE reconducir sus planteamientos al respecto.

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