Los cuatro detenidos el miércoles en el registro de la cofradía de Barallobre, en el concello coruñés de Fene, quedaron ayer en libertad con cargos a la espera de que presten declaración en el juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, que lleva el caso. Los cuatro investigados fueron puestos ayer a disposición del titular del juzgado de Instrucción número 2, que estaba de guardia, pero se acogieron a su derecho a no declarar. Están acusados de supuestos delitos contra la salud pública, la hacienda pública y de falsedad documental.
El abogado de los miembros del pósito, Jorge Vázquez Vila, explicó a la salida del juzgado que las acusaciones están vinculadas con el "marisqueo presuntamente ilegal", pero no quiso dar más detalles y se limitó a asegurar que sus defendidos no cometieron "ilegalidad alguna".
La Guardia Civil detuvo el miércoles, tras siete horas de registro en la cofradía, al patrón mayor, Carlos Rey, al secretario, David Pita, al biólogo, Joám Luis Ferreiro, y al encargado de las subastas, Pablo Barcia.
Algunos mariscadores de la ría ferrolana apuntan a que la causa puede derivarse de la venta como marisco de zona B (en fresco) producto extraído de zonas C, que no puede comercializarse sin un proceso intensivo de depuración (en las bateas habilitadas por la Xunta) o la cocción del mismo.
Precisamente, a la salida de las dependencias judiciales el biólogo del pósito habló ante los medios y sostuvo que es la Consellería do Mar "la que debe saber cuándo da autorizaciones de marisqueo, cómo las da y por qué las da". "Los mariscadores trabajan, cogen el marisco donde les dan autorización y lo vendemos. Lo que ocurre es que igual no todo está tan bien como parece", sentenció Ferreiro.
De hecho, el biólogo de la cofradía aseguró que en la situación de los cuatro investigados debería estar "quien la causa", en referencia, según mariscadores que se encontraban en el entorno de la sede judicial, a "Rosa Quintana [conselleira do Mar] y compañía".
Ferreiro detalló que como biólogo "hace muestrajes" y sabe "lo que hay", pero matizó que hay "una cláusula de confidencialidad" que implica "no decir determinadas cosas". Sin embargo, aclaró, sí las puso en conocimiento del juzgado.
Mar responde a las acusaciones
Quintana salió al paso de estas especulaciones y sostuvo que la Administración gallega cumple "a rajatabla" el seguimiento del proceso de extracción del marisco. La conselleira do Mar resaltó que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) realiza "más de 135.000 analíticas al año" y emite "2.000 informes", por lo que avisó: "Hay que tener cuidado con qué se dice y cómo".
La responsable de la política pesquera gallega sostuvo que son las propias cofradías las que tienen que controlar que sus socios trabajan en las zonas autorizadas. "Cuando los moluscos de zona C van a la batea de reinstalación, el Intecmar los analiza y no autoriza su venta hasta que se cerciora de que el producto está bien", explicó Quintana, que señaló que "muchas cofradías" trabajan con las bateas y "nunca hubo problemas" con el bivalvo.
