Dos años después de los "desórdenes públicos" ocasionados en Vigo por una marea de indignados marineros del cerco que reclamaban un reparto justo de cuotas de pesca, 16 de estos marineros encausados por tales hechos han aceptado con una sonrisa "atravesada" la pena de seis meses de prisión cada uno. Esta pena puede ser sustituida por una sanción de alrededor de 1.500 euros e incluso suspendida si los afectados no vuelven a delinquir en dos años y con la condición de abonar, conjuntamente, la responsabilidad civil, que se estima en 7.377 euros.

El acuerdo de conformidad entre los marineros y la Fiscalía produce una descarga de adrenalina a la vez que provoca un rearme anímico a los encausados y a la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), conscientes de que en este país solo se consiguen respuestas mediante la protesta y las muestras de solidaridad, como las que ayer se produjeron frente a la sede judicial en Vigo para expresar que los marineros no están solos ni desprotegidos. Los compañeros están ahí. No todos, evidentemente, porque el cerco está como está. Pero sí los de Acerga, que no abandonan a los suyos (aunque otros hicieran mutis cuando se demandaba unión y compañerismo).

Firmado el acuerdo, queda abonar las multas. Para tal pago también habrá colaboración. Pagan, por todos, 16; pero todos pagarán por estos para evitar que las sanciones recaigan exclusivamente en los citados.

La batalla, no obstante, continúa porque lo acontecido en 2014 en O Berbés no es sino un hito más, como lo ha sido, sin duda, la solidaridad mostrada por los compañeros de la asociación, que optaron por paralizar la actividad de sus barcos y concentrarse ante la sede judicial de la ciudad viguesa para mostrar su fuerza, su decisión y su afán por solucionar un problema que no está resuelto porque alguien no quiere. Y quienes no quieren no son, precisamente, los armadores y tripulantes del cerco.

La Administración pesquera reduce las cuotas, la judicial reduce las penas, pero no hay merma alguna en la exigencia de soluciones a un problema -el del reparto de cuotas- que se ha creado la Secretaría General de Pesca con la aquiescencia de parte del sector, especialmente del País Vasco y Cantabria, y un "sí es no es" de Galicia.