El borrador de presupuestos comunitarios para 2017 presentado por la Comisión Europea (CE) el pasado 30 de junio prevé duplicar la partida destinada a la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) de nueve a 17 millones. Bruselas pretende transformar este organismo en un instrumento más de la política de inmigración en la UE, en el marco de la "crisis" del Mediterráneo, con el objetivo de detectar buques que transportan inmigrantes y con capacidad para realizar operaciones contra el tráfico de personas.

El nuevo reglamento de la EFCA, aprobado en marzo, establece un marco de cooperación con la futura Agencia Europea de la Frontera y la Guardia Costera, organismo originado a partir de la antigua Frontex, así como con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), para prestar apoyo a las autoridades que realizan tareas de guardacostas a nivel nacional y comunitario, aunque su radio de acción también podría alcanzar un "ámbito internacional". El director ejecutivo de la EFCA, Pascal Savouret, ya explicó en aquel momento que la iniciativa cuenta con una financiación de 30 millones de euros para el periodo 2017-2030, como recogió el medio Industrias Pesqueras.

"La coordinación de todas las funciones de guardacostas de la UE es una necesidad en el contexto de la migración actual. Europa tiene que ser eficaz en la prevención de desastres en el mar", indicó en su día el ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el francés Alain Cadec.

La Comisión de Pesca del PE aprobó por una amplia mayoría (14 votos a favor y cuatro abstenciones) este cambio y exige además que las bases de la EFCA que participen en controles migratorios estén exentas del objetivo de reducción de personal del 5% marcado por Bruselas.

La CE propone incrementar en 21 millones el presupuesto general de asuntos marítimos y pesqueros para 2017, de 1.046 millones a 1.067. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que aglutina la mayor parte de las inversiones en esta materia, incrementaría su financiación de 900 a 920 millones. El resto de partidas en este apartado se mantiene en niveles similares.

Los europarlamentarios de la comisión de Pesca ya preparan sus observaciones sobre el borrador y muchos de ellos critican la falta de fondos para cumplir los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC). La francesa Isabelle Thomas, que este año elaboró un estudio sobre como homogeneizar y modernizar los controles pesqueros a nivel comunitario, señala que esta labor no se puede realizar sin financiación suficiente y exige además una línea de ayudas para las flotas que faenan en pesquerías mixtas ante los efectos de la prohibición de descartes. Su compatriota Sylvie Goddyn va más allá y reclama compensaciones económicas para la flota artesanal por los costes adicionales que le ocasionará esta normativa.