El Defensor del Pueblo ha planteado que se apliquen criterios más rigurosos para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, tanto en el análisis de las pruebas médicas como en la coordinación de las distintas administraciones, respetando los derechos de los menores.
En el documento "¿Menores o adultos", presentado hoy por la Defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, la institución expone que la "inoperancia" del Registro de Menores no Acompañados "compromete gravemente el control de los procedimientos de determinación de edad" de los casos de extranjeros en los que existe dudas sobre su edad y el seguimiento de estos casos.
Esta situación impide la existencia de estadísticas fiables sobre los menores extranjeros no acompañados en España, lo que condiciona la toma de decisiones, destaca la institución. "La diferencia entre ser mayor o menor de edad es muy importante", ha advertido la Defensora del Pueblo, porque "si es menor queda bajo la tutela española pero si es mayor se le expulsa".
El informe examina varias decenas de estos casos e indica que la falta de intervención de expertos en medicina legal provoca, en numerosas ocasiones, la interpretación de la edad basada en pruebas aisladas y carentes de rigor científico.
El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno que reforme la Ley de Extranjería para asegurar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
Las pruebas médicas deben ser autorizadas por el fiscal y no deben realizarse a solicitud de la autoridad policial o de los servicios de protección de menores, como se hizo en varios de los casos investigados, lamenta.
El informe recoge el consenso de la comunidad científica para advertir de los grandes márgenes de error que presentan las técnicas utilizadas para estimar la edad -la madurez ósea y el análisis dental- por lo que propone tener en cuenta la influencia de factores nutricionales y de educación física, entre otros.
El Defensor ha recabado el análisis de todas las instituciones y organismos implicados en este proceso, que coinciden en la necesidad de llegar a un acuerdo para el establecimiento de un protocolo común que pueda adoptarse en todas las provincias y que fije un procedimiento, plazos, métodos y pruebas a realizar.
