14 de marzo de 2018
14.03.2018
Ignacio González Vega Magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

"La libertad de expresión está concebida para el que piensa diferente"

"El ministro Catalá no ha hecho nada, solo habla de la prisión permanente revisable, que es utilizar la justicia como instrumento político"

14.03.2018 | 01:21
Ignacio González Vega.

El magistrado Ignacio González Vega (Avilés, 1964) es el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles. Ingresó en la carrera judicial en 1992 y tuvo entre sus destinos juzgados de Gerona, Pola de Laviana, Huelva, Barcelona y Madrid. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Escuela Judicial y en el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la actualidad, es titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid.

-Ha denunciado recientemente las injerencias políticas del Gobierno en las resoluciones judiciales sobre el procés.

-El Tribunal Constitucional no es un órgano del poder judicial, es un órgano al margen, el supremo intérprete de la Constitución. En un diario de tirada nacional se publicaron informaciones de las consultas que hacía el Gobierno con magistrados sobre el recurso que había presentado. Eso no es razonable cuando los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un estatuto de independencia igual que los jueces. En un programa de televisión, además, el ministro de Justicia, que debe ser la persona más respetuosa con el poder judicial, hizo una serie de anuncios de cómo iba a ser el procedimiento sobre el procés en el Tribunal Supremo: el auto de procesamiento, el juicio oral, la sentencia... Ya en la campaña electoral presumían (los populares) de que habían metido en prisión a los miembros del independentismo. Es muy poco respetuoso con la independencia judicial.

- España está a la cola de la Unión Europea en independencia judicial.

-Y, además, las encuestas dicen que la ciudadanía cree que la causa principal son las injerencias del Gobierno en el poder judicial.

-¿Cómo es posible que no haya independencia judicial en un Estado de Derecho?

-Porque al final el Gobierno trata de controlar los resortes del Estado y entre ellos el poder judicial, que tiene un papel relevante a la hora de controlar los abusos de poder y de garantizar los derechos de los ciudadanos. El Gobierno trata de controlarlo para que sea dócil a sus deseos.

-¿Este Gobierno en particular o todos?

-Creo que este Gobierno particularmente, pero en general todos intentan controlar el poder judicial, los órganos de control, hay una colonización de los partidos políticos en las instituciones. Y no solo en el CGPJ, donde hay una política partidista, sino en el Constitucional, en el consejo de RTVE... Todos los órganos que ejercen control tratan de ser colonizados por los partidos políticos. Pero creo que el Gobierno actual es todavía menos respetuoso.

-¿Y para qué sirve entonces el CGPJ?

-Su función primigenia era defender la independencia de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Pero ha habido ataques intolerables por parte de responsables políticos y el Consejo no ha salido en defensa de estos jueces, que se limitan a ejercer su función. Una cosa es que las resoluciones judiciales estén sometidas a la crítica de los ciudadanos, pero otra cosa muy distinta son los ataques en los que se pone en cuestión el trabajo de los jueces.

-¿Por ejemplo?

-La juez de instrucción número 32 de Madrid, que llevó el tema de la destrucción de los ordenadores del Partido Popular (PP). Cuando ordenó continuar la causa, una responsable política la atacó atribuyéndole vinculaciones con el PSOE, cosas que no tenían ningún fundamento. Los Consejos no han sido especialmente cuidadosos en esa función. Como órgano de gobierno de la judicatura, está también el tema de los nombramientos. En vez de mérito y capacidad se priman vinculaciones con determinados partidos políticos, especialmente con el partido del gobierno. El CGPJ, con la reforma Gallardón, está totalmente desnaturalizado sobre lo que preveía la Constitución y además está politizado pero en el peor de los sentidos, de política partidista. En él se hace política judicial, pero no está para elegir a representantes de partidos políticos.

-Tres años de cárcel por las letras de unas canciones, el libro Fariña secuestrado, ¿la libertad de expresión peligra en España?

-Sí, estamos viendo cómo una foto en Instagram en la que un chaval coloca su propia imagen sobre la de un Cristo en Jaén es un delito contra los sentimientos religiosos, el secuestro de Fariña, en ARCO se retiró una obra de arte... Tenemos que acostumbrarnos a que la libertad de expresión está concebida para el que piensa diferente, y sobre todo la prueba del 9 es cuando se dicen cosas que desagradan e incluso pueden ofender a una parte de la sociedad. Pero la libertad de expresión en una sociedad democrática es eso, no lo políticamente correcto. El problema viene dado porque hay un Código Penal, en el que no solo se crean tipos penales que establecen mayores límites a la libertad de expresión, sino que incluso se establecen penas muy severas, que incluso comportan el ingreso en prisión. A mí las canciones de Valtònyc personalmente no me gustan, pero aunque me parezcan inadmisibles, no tienen que ser castigadas con pena de cárcel. Si fuesen castigadas, que tengo mis dudas, deberían de serlo con una sanción económica.

-¿Y el caso de Fariña ?

-Es una medida totalmente extemporánea. Cuando ya lleva tres años circulando ese libro, creo que carece de sentido que se haga ahora el secuestro. Es más, creo que muchos escritores en España estarán deseando que se secuestre su libro para vender más, que es lo que se ha conseguido.

- Se ha anunciado una huelga de jueces y fiscales para el 22 de mayo. "No estamos para amenazas de huelga sino para trabajar", les respondió el ministro Rafael Catalá.

-Él es el primero que debería trabajar como ministro de Justicia. El señor Catalá no ha hecho absolutamente nada. Solo habla de la prisión permanente revisable, que es algo simbólico, porque hasta ahora se ha aplicado en un solo caso. Eso es utilizar la justicia como instrumento político contra el adversario. Lo que tiene que haber es una voluntad política de mejorar la justicia, un pacto de Estado como lo hubo en 2001. Hay servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la justicia, que deben estar abordados por todos los partidos buscando el mayor consenso posible. Pero no hay nada. Nos han estado tomando el pelo. Que diga esto el señor Catalá... el que debería trabajar es él el primero para resolver la grave y deteriorada situación de la justicia en España.

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