Las presuntas irregularidades cometidas a finales de los años 80 y principios de los 90 en el desarrollo urbanístico de Someso cuando Francisco Vázquez portaba el bastón de mando de María Pita y el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, presidía la Junta de Compensación de la urbanización podrían haber ocasionado pérdidas al Ayuntamiento de más de 27 millones de euros. Es la estimación económica de la investigación administrativa realizada por el Concello, que señala que, a esa cantidad, hay que sumar alrededor de 20 millones de las indemnizaciones para las familias que fueron expropiadas para construir un campo de fútbol. El Concello cambió el uso del suelo y levantó en la zona pisos y un centro comercial. Los perjuicios ocasionados a las arcas municipales, por tanto, rondarán los 50 millones, según las conclusiones del informe encargado por el pleno a sugerencia del actual Ejecutivo.
El Gobierno local, ante las cuantiosas indemnizaciones a las que tiene que hacer frente, encomendó la investigación a dos funcionarias, que concluyeron que Vázquez es el "único" responsable de las anomalías cometidas en la adquisición de las parcelas. Esa compra ha sido considerada expropiación por los tribunales y, de momento, le ha supuesto al Ayuntamiento el pago de 9,2 millones de euros. "Este procedimiento, a tenor de los documentos analizados, se realizó bajo la supervisión directa del alcalde, por lo que no cabe achacar la responsabilidad a ninguna otra persona, ya que el funcionario que materializó la adquisición siguió las órdenes recibidas por escrito", recalcan en el informe, al tiempo que descartan que "algún funcionario o cargo público" se haya "enriquecido".
La investigación, de la que el Gobierno local informará a la Corporación municipal en el pleno del próximo lunes, es contundente al afirmar que durante el proceso de ejecución del desarrollo urbanístico de la zona la administración municipal cometió numerosos errores que costarán a los coruñeses alrededor de 50 millones. Sin embargo, descarta que miembros del Gobierno de Francisco Vázquez o funcionarios hayan obtenido beneficios de esas irregularidades. "No es posible individualizar la responsabilidad, ya que tuvieron lugar en distintos departamentos, con especial incidencia en el área de Urbanismo, por lo que deben achacarse a una mala organización y una gestión ineficiente", indica el escrito.
El BNG presentó una enmienda a la moción aprobada por el PP para convocar una comisión para examinar el caso. Los nacionalistas exigieron que se inspeccionase a Vázquez y a los concejales socialistas de entonces. "Pedimos que sean objeto de investigación las personas que aprobaron, otorgaron, informaron favorablemente o participaron en los procedimientos administrativos y/o judiciales de los cuales derivaron el pago de las indemnizaciones", reclamaron los nacionalistas al Gobierno local, que rehusó la propuesta.
Las investigadoras, según consta en la documentación que el Gobierno local traslada al pleno del lunes, no detectaron indicios de que los cargos públicos designados por Vázquez cometiesen delitos, pero desvelan los nombres y apellidos de las personas que, a su juicio, percibieron las ganancias derivadas de los supuestos equívocos cometidos por el Ayuntamiento. Así, nombra a la familia Yordi Catoira, a los herederos de Bermúdez Pan y a la junta de compensación, "en particular la familia Fontenla Ramil a través de sus sociedades". El informe también incluye en su lista de beneficiarios a los propietarios de las fincas a los que la Justicia reconoció su derecho a ser indemnizados por el Ayuntamiento.
"Las irregularidades deben achacarse a una mala organización y una gestión ineficiente, de lo que serían responsables todos aquellos en los que recaía la obligación de poner los medios para el correcto cumplimiento de la legalidad a través del control de los procedimientos y la coordinación de los distintos departamentos", destaca el documento elaborado tras la investigación encargada por el Ejecutivo local, que remitió los informes a la Fiscalía para que determine si detecta indicios de delito, según informó el portavoz del Gobierno municipal, Julio Flores. El representante del Ministerio público, por el momento, no se ha pronunciado sobre el caso.
Las indemnizaciones a los antiguos dueños de los solares que deberá pagar el Ayuntamiento, según consta en las sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) son "consecuencia directa de los errores cometidos en el procedimiento de reanudación del tracto registral y en la inscripción de los bienes en el inventario municipal", subrayan las funcionarias, quienes recomiendan al Gobierno local estudiar "la posibilidad de anulación de algunas dobles ventas de las parcelas adquiridas por el Ayuntamiento", ya que advierten de que los propietarios que incurrieron en esas prácticas podrían enfrentarse a "consecuencias legales".
El informe defiende, al igual que los letrados del Concello, que los antiguos dueños de las fincas no fueron expropiados, sino que vendieron sus fincas a la administración local. "Esta afirmación es cierta y resulta poco explicable que no sea apreciada por el Tribunal Superior", señalan las funcionarias. El Superior ha reiterado, que sea a través de expropiación directa o mutuo acuerdo, la adquisición de fincas se realizó a través de un proceso expropiatorio y ha lugar a indemnización.
Respecto a la anterior legislatura, el informe encargado por el Gobierno del PP destaca que no se recurrieron en 2007 los fallos judiciales desfavorables ante el Supremo y que se produjo "inactividad" en el Ayuntamiento "durante dos o tres años" desde que se dictaron las sentencias, lo que, a su juicio, provocó "el incremento de los intereses a pagar".
Las encargadas de la investigación especifican en el documento que detectaron las siguientes irregularidades:
Certificado sin validez. Forma parte del expediente en el que se afirma que las fincas fueron adquiridas por expropiación. No está firmado por el secretario municipal aunque en el encabezado figura su nombre y sus apellidos. El documento, según el estudio, "no responde a la realidad y no tiene valor como certificado", ya que no está firmado por el secretario, tal y como establece la normativa, pero fue aceptado por el Registro.
Adquisición de parcelas. Se realizó, según el informe, sin respetar las disposiciones legales, ya que menciona la ley de expropiación forzosa sin "sujetarse" a ella y tampoco se rige por las normas del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. El único responsable de estas irregularidades, según las conclusiones de la investigación, es el exembajador del Vaticano.
EPérdida de terrenos. El Concello adquiere a finales de los 80 en Someso 44.673 metros cuadrados de suelo para construir los accesos a Pocomaco y un campo de fútbol. El vial de entrada al polígono ocupa 11.290 metros cuadrados, por lo que al Concello, una vez construido, le quedaron 33.383 metros cuadrados. Sin embargo, según el documento, en el proyecto de compensación del recinto ferial solo figura como propietario de 23.884 metros cuadrados. Es decir, que la administración local "perdió" 9.499 metros cuadrados que había expropiado.
Beneficiarios. Ocho promotores incorporaron la superficie perdida por el Concello como propia al proyecto de compensación. Las fincas no constaban en ningún registro municipal ni inventario, y tampoco estaban inscritas en el catastro ni en el Registro de la Propiedad. El Ejecutivo, sin embargo, contaba con los documentos que demostraban que había adquirido los terrenos, pero no los usó. Las 21 parcelas que había adquirido el Ayuntamiento fueron aportadas después por Caixa Galicia, Home Galicia, Vallehermoso, Multiveste y Uneda, Construcciones Fontenla, Marte SL y Ferisa.
Aprovechamiento. El Concello vendió a la Junta de Compensación, presidida por Fontenla, 1.950 metros cuadrados de vivienda libre para que pudiese transformarlos en suelo para vivienda de protección. Se los cedió a precio de suelo protegido -323 euros metro cuadrado-, en lugar de "establecer algún tipo de factor corrector", ya que el suelo libre estaba valorado en 835 euros el metro cuadrado. El Ayuntamiento, además, aceptó pagar los gastos de urbanización. En la operación el Concello perdió 1.129.757 euros. Las condiciones de la venta ejecutada por el Gobierno de Vázquez a la Junta de Compensación también fueron incumplidas, ya que las parcelas deberían tener como destino viviendas protegidas y tendría que finalizarse en el plazo de dos años.
Convenios con familias. El informe también incluye la permuta de terrenos en Someso a los propietarios de las fincas del monte de San Pedro. La superficie que se ocupó se permutó por su equivalencia en los terrenos del recinto ferial (14.000 metros cuadrados de edificabilidad). De hecho, el Concello firmó un convenio en 2002 con la familia Yordi Catoira para permutarle una finca situada en San Pedro de Visma por otro solar de las mismas dimensiones en Someso. El valor del terreno que le cedió superaba el que tenía el de Visma. Así, el Concello dejó de ingresar 740.454 euros. Las funcionarias también hacen referencia a otra "interpretación errónea" del contrato firmado con los herederos de Bermúdez Pan. "Se incluyó a favor de particulares la reserva de edificación incrementada de una parcela, por lo que el Concello dejó de percibir 2.448.420 euros", destaca el informe.
