El caso de la gestión urbanística del polígono de Someso da un nuevo giro con la decisión del Tribunal de Cuentas de abrir una investigación sobre los hechos denunciados el pasado mes de febrero por el grupo municipal del BNG a raíz de las conclusiones del informe encargado por el actual Gobierno municipal sobre este proceso. Los consejeros entienden que durante el mandato de Francisco Vázquez pudo haber "apropiación privada de bienes y derechos municipales", "venta ilegal del aprovechamiento municipal en el sector", así como una "pérdida patrimonial injustificada para el Ayuntamiento" en la ejecución de los convenios urbanísticos que se estima en 19,2 millones de euros, de acuerdo con el informe elaborado por el Concello en junio de 2012.
Una resolución que estime la existencia de responsabilidad de Vázquez o de los promotores inmobiliarios -encabezados por Antonio Fontenla- no supondría en ningún caso la imposición de penas privativas de libertad para estas personas, sino la exigencia de que restituyan al Ayuntamiento las cantidades por las que habría sido perjudicado.
Para el portavoz del grupo municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, la decisión del tribunal permite "darse cuenta de lo que hizo cada uno", en alusión al archivo de la denuncia presentada por el Gobierno local, del que dijo que destituyó al director de la asesoría jurídica municipal tras conocer la presentación la denuncia de los nacionalistas. Carril aseguró que el Ayuntamiento "presentó tarde y mal" un escrito al Tribunal de Cuentas que omitía referencias a las actuaciones desarrolladas en Someso puestas de manifiesto por la denuncia de los nacionalistas, que sí ha prosperado.
El tribunal ordenó ya trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se proponga el nombramiento de un instructor de la causa, que contará además con el respaldo de la Fiscalía, que expresó su conformidad con la apertura de la investigación. Otro de los acuerdos adoptados por este órgano fue el apartamiento del procedimiento del exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, quien había presentado una denuncia sobre este mismo caso pero que decidió no personarse en el mismo al entender que no era necesario, aunque también decretó la acumulación de las diligencias de esta iniciativa con la del BNG para que formen parte de un único procedimiento.
Los nacionalistas expresaron su respaldo a la unificación de las dos denuncias y comunicaron al Tribunal de Cuentas que existe una investigación en marcha por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña sobre la actuación del exalcalde Francisco Vázquez en la gestión de Someso, ya que el BNG sospecha que hubo trato de favor hacia los promotores del polígono al venderles sin concurso el aprovechamiento urbanístico que correspondía al Ayuntamiento. Gracias a esta notificación, si la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delitos penales durante la investigación de este caso, puede ponerlos en conocimiento del juzgado coruñés.
El portavoz del BNG recordó que existe un plazo de prescripción de cinco años para los hechos denunciados ante este tribunal, pero que ese periodo podría ampliarse hasta los 10 años en el caso de que se aprecien responsabilidades penales. Carril advirtió en este sentido de que a su juicio existieron actuaciones posteriores que guardan relación con las denunciadas, como la modificación del plan parcial de Someso aprobada en 2011 por el actual Gobierno local del Partido Popular, lo que podría alargar el plazo para la exigencia de responsabilidades a los implicados.
El nombramiento de un instructor para esta causa supone, según el BNG, que el Tribunal de Cuentas investigará la intervención de Francisco Vázquez y de Antonio Fontenla en relación con la gestión urbanística de Someso, ya que el primero era alcalde y el segundo presidente de la junta de compensación -cargo que sigue ocupando-, entidad que agrupa a todos los promotores inmobiliarios del polígono, a quienes el Ayuntamiento vendió sin un concurso público todo el suelo de propiedad municipal en esta zona, lo que los nacionalistas califican de "ilegal".
Carril entiende que con la decisión del Tribunal de Cuentas el Gobierno local presidido por Carlos Negreira "queda en evidencia" por la actuación desarrollada para "proteger" a Francisco Vázquez, al que el propio alcalde definió como su "amigo" y a "todo lo que está a su alrededor", en referencia a Antonio Fontenla, quien fue administrador de la empresa familiar de Vázquez en la época en la que se tramitó el proyecto urbanístico de Someso.
