Un empresario reconoció en su declaración ante la Policía Judicial que presentó ofertas a concursos públicos presuntamente amañados para dar cobertura a compañías de Gerardo Crespo. Los investigadores sostienen que el principal imputado en la operación contra el fraude de subvenciones contó con la colaboración de funcionarios, políticos y altos cargos para conseguir ayudas públicas millonarias. A la hora de presentarse a los concursos, la operativa, según consta en el sumario, era sencilla: el empresario pactaba de antemano que la administración le adjudicaría una determinada ayuda para realizar unos cursos de formaciónconcursossumariocursos de formación.
La ley permite a las entidades públicas, en adjudicaciones que no superan una determinada cantidad de dinero, invitar a un mínimo de tres empresas para que presenten sus ofertas. En teoría, las administraciones deben examinarlas y escoger el proyecto más ventajoso. En ocasiones, sin embargo, según se desprende de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, era el propio Crespo el que llevaba a "empresas amigas", es decir, elegía a las compañías que lo acompañaban en los concursosCrespo elegía a las compañías que lo acompañaban en los concursos. Esas entidades, de acuerdo con el imputado, presentaban proyectos con altos costes solo para figurar y dar apariencia legal a la adjudicación.
El empresario que declaró en Lonzas, que a su vez trabajaba como comercial para el grupo Azetanet, aseguró ante los agentes que "en alguna ocasión" firmó y puso el cuño de su compañía a los sobres que le daban con las ofertas ya hechas para mandar a las administraciones. Es decir, Crespo elaboraba la oferta que la empresa dirigida por su empleado presentaba al concurso. El hombre alegó que accedió a formar parte del amaño porque lo entendía "como normal" y no le daba "importancia", al tiempo que añadió que "siempre" lo hacía "bajo las instrucciones de Crespo". Una vez que dejó de trabajar para la consultoría del sospechoso, siempre según su testimonio, no volvieron a pedirle que "acompañase" a las empresas de su exjefe en concursos públicos.
Los investigadores consideran acreditado que el principal imputado en la organización acusada de defraudar alrededor de 20 millones de euros en ayudas públicasen la organización acusada de defraudar alrededor de 20 millones de eurosen ayudas públicas mantenía "relaciones permanentes" con "políticos y funcionarios, especialmente relacionados con las subvenciones y/o adjudicaciones de las que su grupo podía ser y era destinatario". Los policías creen que José Manuel Romay Beccaría, histórico del PP coruñés y actual presidente del Consejo de Estado, medió para que la Diputación lo contrataseJosé Manuel Romay BeccaríaPP , por importe de 190.000 euros, para desarrollar un programa de talleres de empleo, financiado con fondos de la Unión Europea.
Pero ese no es el único concurso que está sobre el punto de mira de la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. La Policía Judicial destaca que el sumario "evidencia el amaño desde un inicio" de al menos dos adjudicaciones públicas de la Xuntasumario amaño al menos dos adjudicaciones públicas de la Xunta por importes de 58.056 y 64.800 euros.
La encargada administrativa de la preparación de los pliegos de condiciones que deberían cumplir las empresas que se presentasen a los concursos de la Escuela Gallega de Consumo, dependiente del Ejecutivo autonómico, le pidió, a través de un correo electrónico, a empleadas de Azetanet, la consultoría de Crespo, que revisasen las condiciones que exigiría la Administración para que después ella pudiese "enfocar" el pliego. La responsable del Gobierno gallego, según señala la Policía Judicial en el sumario, se reunió con una trabajadora de la empresa de Crespo para acordar "las mejoras que debería presentar la compañía para ser adjudicataria".
Uno de los mensajes, según destacan los investigadores, descubre que la directora técnica de la Escuela Gallega de Consumo "pactó" darle los contratos al imputado. "Hay que llamar a Esther para decirle si nos presentamos y también para saber si presentamos nosotros a las tres empresas (lo va a consultar)", informa en un correo una empleada de Crespo. El 091 especifica que Esther es la directora técnica de la Escuela Gallega de Consumo. Gecreri, la compañía del imputado, fue la adjudicataria de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de realización de actuaciones de carácter formativo y divulgativo de la escuela de consumo de la Xunta. Los contratos se firmaron en febrero de 2011, por 58.056 euros; y en febrero de 2012, por 64.800 euros.
