El Ayuntamiento aplica desde hace trece años la tasa a las entidades financieras por la instalación de cajeros automáticos en la vía pública que generó polémica en el Ayuntamiento de Madrid al arrancar este mandato por su posible implantación, negada por el Gobierno local de la capital. Por los cajeros es como se conoce una tasa que regula todos aquellos depósitos y aparatos "que realizan un aprovechamiento especial del dominio público", como pueden ser también expendedores de comida y surtidores de carburante con acceso o frente desde la vía pública.
En los últimos cuatro ejercicios, esta tasa ha reportado a las arcas municipales una media de algo más de 15.000 euros anuales, según recogen las liquidaciones del presupuesto municipal. Los resultados contables hacen un resumen global de la recaudación de esta tasa, sin detallar los ingresos en función de si el cobro es por un cajero o cualquier otro elemento sujeto a ella.
La implantación de la tasa en el año 2002 chocó con la oposición de algunas entidades financieras. El Banco Pastor llevó al Ayuntamiento a los juzgados por el cobro de la tasa en 2003 y 2004, pero las demandas interpuestas fueron desestimadas por los tribunales, que fallaron que la Administración municipal se limitaba a gravar el uso de espacio público para un servicio económico del cual el banco obtiene provecho.
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Las entidades financieras no han abandonado su oposición a tasas similares. En plena polémica en Madrid, la Asociación Española de Banca criticó la idea, ya que, en su opinión, se trata de "cargas impositivas que encarecen y dificultan" a los clientes el acceso a "unos servicios financieros básicos".
El impuesto arrancó en A Coruña con un importe por cajero y año de 150 euros, en 2007 alcanzó los 176 y en 2012 subió hasta los 210. La cifra aún se mantiene, aunque con variaciones en función de la importancia de cada vía. El cobro se regularizó desde 2009, cuando gobernaban PSOE y BNG. Ese ejercicio se alcanzaron unos ingresos de 18.987 euros, la mayor cifra desde entonces y muy por encima de los 719 euros recaudados en 2008.
La tasa funciona desde hace años en muchos otros ayuntamientos, como Pontevedra, donde en ciertas zonas llega a 445 euros por cajero y año, o Barcelona, ciudad en la que el impuesto puede alcanzar, según su localización, los 855 euros, el importe más alto de todo el Estado.
