Desde que en 1964 abrió sus puertas, las chimeneas de la refinería de A Grela han dado forma al skyline industrial de A Coruña. La planta de Repsol, que desborda la frontera del Concello y ocupa parte del municipio de Arteixo, da hoy trabajo directo a 650 personas y, de forma indirecta, mantiene ocupadas a otras 3.000. A pocos metros del complejo, se levanta la fábrica de Alcoa. Inaugurada en 1961, esta factoría da trabajo directo a cerca de 400 empleados encargados de fabricar aleaciones de aluminio y placas de laminación que abastecen al mercado español y europeo. Es la cara amable de una industria que echó raíces en la ciudad allá por la década de los sesenta, los años del "milagro económico español".

La otra cara, más gris, tiene que ver con la huella ecológica que este tipo de complejos dejan en el medio ambiente del área metropolitana y del conjunto del planeta. De acuerdo con los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), que elabora el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, un total de 23 empresas de la comarca superaron en 71 ocasiones a lo largo de 2015 (ultimo año del que hay registros) los umbrales anuales de emisiones contaminantes fijados por el Real Decreto 508/2007. Esta normativa obliga a todas las industrias a informar sobre sus niveles de emisión cuando estos sobrepasen un límite determinado para cada sustancia de una lista de 109. Esto no significa que estas compañías hayan contaminado por encima de los límites legales, sino que han sobrepasado los umbrales que la Unión Europea ya comienza a considerar como emisiones "importantes".

La empresa de la comarca que más veces superó estos límites durante 2015 fue la central térmica de Meirama, con un total 15 sustancias que salieron al medio natural desde este complejo sobrepasando estos umbrales. A la central térmica le sigue la refinería de Repsol, después de haber superado hasta en 11 ocasiones los índices correspondientes a 11 sustancias, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre. En tercera posición está la factoría de Alcoa Inespal, con siete registros, y en cuarta la fábrica de Sabón de Ferroatlántica, centrada en la producción de silicio metal y ferroaleaciones, con cinco. A continuación, empatan la fábrica de SGL Carbón, que produce electrodos de grafito para grandes hornos de fundición de acero, y la estación depuradora de aguas residuales de Bens, habiendo emitido cada una más de lo fijado en dos sustancias contaminantes.

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Los límites fijados para alguna sustancia fueron superados varias veces por diferentes empresas. El del amoniaco, por ejemplo, se sobrepasó en cinco ocasiones en 2015, todas ellas por parte de complejos agroindustriales, como la Granja O Campo, la Granjas San Luis-Granja Lendo, Exporgondo o la explotación porcina Ponte Coirós. Los límites de información para el dióxido de carbono se quebrantaron seis veces, por factorías como la refinería, la central de Meirama, Ferroatlántica o Alcoa.

Así, en 2015 se sobrepasaron en la comarca los límites de sustancias contaminantes en 71 ocasiones, el segundo registro más alto del último lustro. En los últimos años esta cifra solo se superó en 2012, cuando se alcanzaron los 81. Una tendencia común de la última década es que la mayor parte de estas grandes emisiones acaban dirigiéndose al aire. En 2015, en concreto, 58 fueron rumbo a la atmósfera, mientras que solo 13 llegaron al agua. La cifra más equilibrada fue la de 2012, cuando al aire fueron 51 de estas emisiones y al agua 30.

Estos umbrales de información fueron establecidos para fomentar la transparencia y el debate público en torno a la contaminación, pero superarlos no implica necesariamente la imposición de multas. Desde el punto de vista administrativo, las sanciones solo pueden llegar cuando estas empresas sobrepasan los límites de emisión establecidos por la Xunta. En el momento en que abren, estas industrias reciben una Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consellería de Medio Ambiente con la que se fijan unos máximos de contaminación en función de las mejoras técnicas disponibles, las características técnicas de la instalación, su localización geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

Hasta la llegada del PP al Gobierno central en 2012, estas autorizaciones debían revisarse empresa a empresa cada ocho años. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, con Miguel Arias Cañete al frente, relajó los controles a las compañías convirtiendo estas autorizaciones en indefinidas, salvo en aquellos casos en los que el Gobierno las decida revisar de oficio.

¿Está velando el gobierno autonómico por el cumplimiento de estas autorizaciones ambientales? La profesora de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela Alba Nogueira, experta en derecho ambiental, considera que no se está haciendo correctamente a causa de la infradotación de inspectores ambientales de la Xunta. "Hay una falta de transparencia muy grande en este sentido. No se sabe a ciencia cierta ni con cuantos efectivos cuenta la administración ni con qué frecuencia vigilan estas instalaciones", asegura.

Nogueira alude a un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco Agustín García Ureta en el que estimaba que, en el periodo 2010-2014, la Xunta contaba con 15 inspectores de media para toda la comunidad, a los que habría que sumar 30 agentes para el control de desguaces, puntos limpios, vertederos sellados y residuos peligrosos.

En opinión de Nogueira, la eliminación de las revisiones obligatorias de las AAI cada ocho años, así como otros cambios legales que permiten, por ejemplo, la apertura de industrias sin autorización previa, deberían haber supuesto un incremento del número de inspectores.

Consultada por este diario, la Xunta dice tener actualmente a un total de 17 inspectores dedicados al ámbito de la calidad ambiental: ocho inspectores en Santiago para actuar en toda Galicia, y tres en la Jefatura Territorial de A Coruña. Estos últimos realizan inspecciones tanto a actividades con autorización ambiental como a empresas que no tienen autorización pero gestionan o generan residuos.

En el trienio 2014-2015-2016, la administración autonómica asegura haber realizado como mínimo una inspección a todas las actividades con autorización ambiental de Galicia, además de inspecciones imprevistas en otras compañías. Aunque no quiso concretar datos para la comarca, a nivel provincial Medio Ambiente afirma que durante estos tres años se realizaron un total de 122 inspecciones programadas y 186 no programadas. En cuanto a las sanciones, y también a nivel provincial, en 2015 se abrieron dos expedientes sancionadores por importes de entre 20.000 y 40.000 euros; mientras que en 2016 se abrieron tres, aunque uno de los mismo fue archivado después de comprobarse que no estaba obligada a disponer de autorización, según fuentes autonómicas. La Xunta no ha querido señalar a qué compañías ni por qué motivos concretos se impusieron estas sanciones.

En Repsol reconocen su condición de líderes en el pódium de la contaminación en la ciudad -y segundos en la comarca- pero aseguran que cada año se hacen esfuerzos para reducir la polución. La multinacional cuenta con una empresa externa que anualmente audita las instalaciones de A Grela, a la que se suma otra auditora, que concede el certificado de calidad ISO 14001, y que exige mejoras en las emisiones cada tres años. Fuentes de la refinería destacan los beneficios que aportará el nuevo sistema instalado el mes de marzo -y que motivó la parada técnica del complejo en marzo- con el que prevén reducir en 6.000 toneladas las emisiones de CO2, mientras que ahora se emiten 116.000 toneladas.

En el caso de la EDAR de Bens, ¿cómo es posible que una planta pensada para la depuración de aguas emita contaminantes por encima de estos límites? Técnicos de la estación explican que elementos como el fósforo y el nitrógeno, para los que sobrepasan los umbrales, no se producen después de ningún proceso que se lleve a cabo en la central, sino que están presentes en las aguas residuales que se tratan. En la planta solo se desarrolla un doble desbaste de gruesos para retirar todos los desechos no orgánicos que vienen junto al agua residual -toallitas, compresas, preservativos...-, se retiran también de forma mecánica las sustancias flotantes -aceites y grasas- y, finalmente, se depura el agua mediante un proceso biológico. "Las propias bacterias presentes en el agua residual se comen la suciedad antes de devolver el agua al mar", aseguran fuentes de la EDAR.