El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que el Estado asuma la deuda de 350 millones del Consorcio Valencia 2007, que gestiona los terrenos portuarios de la ciudad después de que la misma Administración central los cediese de manera gratuita. Tras conocer la noticia, el Concello ha demandado igualdad de trato del Ejecutivo socialista a A Coruña, en relación a la operación inmobiliaria prevista en los convenios de 2004, aún en vigor, que prevén costear la deuda por el puerto exterior con la venta de buena parte de los muelles para levantar unas cuatro mil viviendas en San Diego.
El consorcio valenciano gestiona los terrenos cedidos gratuitamente a la ciudad tras un acuerdo del Consejo de Ministros de 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa y Rita Barberá en el palacio consistorial. A diferencia de en A Coruña, no es un espacio liberado por la necesidad de traslado de actividades portuarias peligrosas. En la época de vacas gordas y gasto público sin límites, se celebraron allí dos ediciones de la Copa América de Vela y carreras de la Fórmula 1. Además, el Estado cedió el puerto viejo en desuso. El Ayuntamiento valenciano tiene un 20% del capital del ente y el Gobierno central y autonómico, un 40% respectivamente. La deuda que tienen es con el Instituto de Crédito Oficial, porque este asumió, como avalista, el impago de la deuda del Consorcio con entidades financieras.
¿Cómo ha conseguido Valencia que condonen dicha deuda? Fue la presión de su Gobierno autonómico. En la jornada de ayer, se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el Ministerio de Hacienda quería otorgar a las comunidades autónomas un mayor margen de déficit y de deuda para los próximos ejercicios. margen de déficit y de deudaEn el Consejo están representadas, además del Ministerio, las comunidades autónomas. Las cinco del PP, incluida Galicia, votó en contra del acuerdo. La Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig -que gobierna en coalición con Compromís- se movió de la abstención al apoyo tras arrancar un acuerdo con el equipo de Pedro Sánchez, que incluye medidas por 850 millones de euros adicionales. La más llamativa, la asunción de la deuda de 350 millones por parte del Estado del Consorcio Valencia 2007.
La Autoridad Portuaria de A Coruña debe más de 300 millones, 200 de un préstamo de Puertos del Estado y el resto del Banco Europeo de Inversiones. Abona por el momento esta última parte, cuyos plazos ha tenido que alargar ante la imposibilidad de vender, como preveía, los muelles de Batería y Calvo Sotelo, y no generar más deuda. El crédito con Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, se tiene que empezar a pagar a partir de 2022.
El Concello coruñés pide igualdad de trato con estos 200 millones de euros que dependen directamente de Puertos. Mientras se le perdonan esos 350 millones a Valencia, señala, "con el puerto coruñés no se tuvo ni se tiene previsto equivalente trato, siguiendo la misma línea que el anterior Gobierno central del PP".
"No tiene sentido que el Ejecutivo central condone en Valencia una deuda de 350 millones de euros y aquí no impulse una medida similar, cuando el crédito del puerto coruñés, en este caso, es de 200 millones. La situación de nuestro puerto debería tener consideración de asunto de Estado", manifestó ayer en un comunicado el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. El edil rechazó que el Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, no haya aportado ninguna alternativa que posibilite que la deuda contraída por la Autoridad Portuaria no tenga que ser pagada "a costa de la venta de la fachada litoral, patrimonio de toda la ciudad". Lamentó que "no tenga en cuenta los legítimos intereses de la ciudadanía coruñesa, cuando sí parece que es consciente de los derechos de los vecinos en otra parte del Estado".
Se sumó a las críticas En Marea, que se comprometió a que la deuda del Puerto de A Coruña entre en la negociación con el Gobierno del Estado. Su portavoz, Luís Villares, indica que es un "agravio comparativo reforzado" por el hecho de que, mientras en el caso de Valencia la deuda fue generada por la celebración de la Copa del mundo de vela y otras actuaciones deportivas, en el caso de A Coruña se trata de una deuda de 200 millones contraída por Puertos del Estado para la construcción de un puerto exterior, "que como tal, e incluso legalmente, es obra pública de interés general del Estado".
La portavoz del BNG, Ana Pontón, y el candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, comparecieron ayer ante los medios para anunciar que pondrán en marcha una "iniciativa institucional" para que los terrenos portuarios se "devuelvan a la ciudad de manera gratuita" al ser de uso público. Pontón reclamó un compromiso de Sánchez para desmarcarse del "protocolo de la vergüenza", el pacto impulsado por el presidente de la Xunta que, para ellos, "representa un modelo fracasado". El BNG presentará iniciativas en el Parlamento gallego, la Diputación y el Concello.
