La aplicación del nuevo régimen de tarifas del autobús urbano, que recorta los beneficios de la Compañía de Tranvíastarifas autobús urbanoCompañía de Tranvías, se aplicará desde principios de este año. Al final de 2018, se calculará cuál ha sido el exceso de ingresos por parte de la concesionaria a lo largo del ejercicio según el nuevo sistema, que el Concello le va a imponer de manera unilateral para ajustar el contrato, explica, al derecho comunitario. La modificación pasa hoy por junta de gobierno y para los vecinos supondrá una rebaja de diez céntimos en el billete normal y el bonobús general (1,20 y 0,75) y la gratuidad para los menores de 13 años y todos los transbordos. La propuesta quedará entonces en manos de la Xunta, que tiene que dar el visto bueno. Si lo ratifica, los nuevos precios comenzarían a aplicarse el primer día del siguiente mes desde la luz verde de este Comité de Prezos autonómico.

El acuerdo que rubrica hoy el Gobierno municipal, en el que también figura una reducción de 23 a 33 céntimos el bono social, acuerda "ajustar el régimen económico aplicable a la compañía de Tranvías a las exigencias recogidas" en un reglamento comunitario de 2007 y "aprobar inicialmente la revisión de las tarifas del transporte colectivo de viajeros". A final de año, se calcularía la "sobrecompensación" ingresada por Tranvías en 2018 con los nuevos parámetros, desde enero y hasta el momento en el que empiecen a funcionar los nuevos precios, y se retendría tal cantidad de las compensaciones que se le entregan.

La decisión municipal se basa en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitido en abril a petición de Alcaldía, que no es vinculante pero que se muestra muy contundente contra el desarrollo de la concesión de autobuses en el Concello de A Coruña desde que se le otorgó en 1986 sin concurso alguno. En él, insta a revisar la concesión de Tranvías, cuestiona el cálculo de beneficios y sugiere enviarlo a la Comisión Europea para su dictamen por si la empresa ha cobrado "ayudas de Estado ilegales" durante tres décadas y si debe proceder a devolverlas. La CNMC relata que la adjudicación directa durante el Gobierno de Vázquez se elaboró acorde un reglamento de 1969 pero el marco legal fue modificado en dos ocasiones "sin que el convenio fuese aparentemente adaptado".

Competencia llega a varias conclusiones que ahora se esgrimen. La primera, que el "régimen económico aplicable al concesionario para 2018 necesita obligatoriamente ajustarse a las exigencias recogidas en el reglamento" de 2007 y evitar así "un conjunto de ingreso y/o ventajas que posibilite un exceso sobre el importe necesario para cubrir la totalidad o parte de los costes netos ocasionados por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y, en su caso, unos beneficios razonables". Si no se cambia, y dado que durante 30 años Tranvías tuvo "un margen comercial que anula su riesgo operacional", debe enviarse la propuesta a la Comisión Europea por si existen ayudas de Estado "ilegales".

En la propuesta a Competencia, Alcaldía ya propone una revisión de tarifas (a 1,10 el billete general, por debajo de lo que se va a aplicar). Pero el órgano discrepa de la solución planteada y le insta a realizar un estudio que acredite cuál es el coste de explotación y cuál debe ser ese beneficio razonable para la compañía. "Solo una vez realizada esta cuantificación", se podrán implantar los "ajustes pertinentes" con una evaluación posterior para ajustar "la corrección de las cuantías". En virtud de este requerimiento, el Concello encargó a una empresa externa un estudio de los costes del servicio público más dicho "beneficio razonable", que queda fijado en un 6%. Proyectando los cambios sobre los pasajeros de 2017, los ingresos de Tranvías se reducirían en cerca de dos millones de euros.