La propuesta municipal para reducir las tarifas del transporte público, que fue aprobada ayer inicialmente en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, recibirá el respaldo de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios en la Comisión de Prezos de Galicia si comprueba que la medida no tendrá repercusiones negativas para los viajeros y para los trabajadores de la Compañía de Tranvías.
La entidad recibió, al igual que la empresa concesionaria, la propuesta de reducción de precios para que efectuase aportaciones, pero entendió que se trataba de una notificación a la que no era preciso contestar mediante alegaciones, como sí hizo la Compañía de Tranvías. El colectivo se puso en contacto ayer con la concejalía de Mobilidade Sostible y le transmitió que la asociación está de acuerdo con que se bajen las tarifas "si no se perjudica a los usuarios y a los trabajadores de Tranvías", según explicó posteriormente a este periódico la vicepresidenta de Amas de Casa, Elena Pérez.
La preocupación de la asociación es que un descenso de los ingresos de la concesionaria se traduzca en un peor servicio a los usuarios o en rebajas de salarios a los trabajadores de la empresa. Mobilidade garantizó a Amas de Casa que estas situaciones no se producirán. El propio concejal, Daniel Díaz Grandío, señaló el pasado miércoles que la reducción de beneficios que pueda experimentar la Compañía de Tranvías por la bajada de las tarifas "no va a repercutir en ningún momento en los salarios de los trabajadores".
Según Díaz, para calcular el porcentaje de reducción de precios que se aplicaría, el Gobierno local efectuó un análisis de todos los costes de explotación que soporta la concesionaria y le sumó un "beneficio razonable", que situó en el 6%, lo que a su juicio garantiza "los intereses y los derechos salariales reconocidos en el convenio colectivo de los trabajadores".
En cuanto a la aprobación de la bajada de las tarifas por parte de la Comisión de Prezos de Galicia -la mitad de cuyos miembros son altos cargos de la Xunta- el Gobierno local ni siquiera sopesa la posibilidad de que ese órgano pueda rechazarla, para lo que Díaz aludió a las "consecuencias jurídicas, económicas y políticas" que tendría esa decisión. El Concello considera que su propuesta está respaldada por un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no es vinculante, aunque destaca que es un organismo de "reconocido prestigio".
