La anunciada reunión de la comisión de seguimiento que recogen los convenios de 2004 que prevén la venta de los muelles urbanos para financiar el puerto exterior, programada para noviembre, no será la primera desde la firma de aquellos acuerdos hace catorce años, como informó el pasado 5 de octubre el delegado del Gobierno, Javier Losada. Esta comisión tuvo cuatro sesiones entre 2006 y 2008, con el propio Losada presente en calidad de alcalde de A Coruña. Una se celebró en la ciudad y las otras tres en Madrid, y asistieron, además del regidor en nombre del Ayuntamiento, representantes del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Vivienda, la Xuntay Renfe.

Los asuntos tratados en al menos dos de estas reuniones de la década pasada se centraron en la urbanización de los muelles interiores, según informaron entonces las administraciones, entre ellas el Concello. Las partes reunidas acordaron ejecutar por fases, hasta el año 2015, el proyecto de la Ciudad del Mar, diseñado por el arquitecto Joan Busquets para el borde marítimo. La urbanización comenzaría en 2009 en el muelle de Batería, para lo que sería necesario modificar el planeamiento urbanístico que estaba vigente. Nada más trascendió del contenido de las sesiones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno califican de "lapsus" el error en el cálculo de sesiones y lo atribuyen al "paso del tiempo", diez años, desde la última cita. "En todo caso, la nueva reunión permitirá retomar temas decisivos sobre el Puerto", añaden las mismas fuentes.

La próxima reunión prevista de la comisión, después de un paréntesis de diez años, se convoca en un contexto diferente al del periodo 2006-2008, superada una crisis económica global, tras la sucesión de distintos gobiernos locales, autonómicos y estatales y con un debate actual abierto sobre los usos que deberían tener los terrenos portuarios cuando su actividad se traslade a punta Langosteira. La nueva cita debería abordar sobre todo el plan financiero para hacer frente a la deuda contraída por la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior y la obtención de recursos para la conexión ferroviaria a Langosteira, aspectos que recoge el protocolo suscrito el pasado abril por la Xunta, el Puerto y Puertos del Estado sin contar con el Concello.

La comisión de seguimiento de los convenios portuarios se constituyó en una sesión del 13 de diciembre de 2006 en Madrid, en la que el exalcalde Losada asistió con la demanda de iniciar ya la urbanización de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. El asunto quedó pospuesto para la siguiente reunión, el 2 de marzo de 2007, esta vez en A Coruña, donde Concello, Xunta y Estado pactaron anticipar "en lo posible" los plazos para urbanizar los terrenos; ese acuerdo requeriría la revisión de los convenios de 2004, dado que establecía que la urbanización de esa zona urbana no podría comenzar hasta que entrase en servicio la dársena exterior, prevista entonces para 2011.

La tercera cita de la comisión fue el 5 de septiembre de 2007 en Madrid y allí se acordó fijar para 2009 el inicio de la urbanización del muelle de Batería, que, según recogía el plan general, se destinaría a edificios de oficinas. Los trabajos proseguirían en Calvo Sotelo, también en una fecha anterior a la prevista, según avanzaba Losada sin concretar. La cuarta reunión se celebró con más discreción el 3 de junio de 2008 en Madrid, ya que ninguna administración informó sobre su contenido. La urbanización de estos muelles nunca se ejecutó.

Marea Atlántica y el PSOE han reclamado en los últimos meses la convocatoria de la comisión de los convenios de 2004 con el fin de cambiar los términos de los acuerdos, que el Gobierno central del PP fue reacio a variar. Tras la firma del protocolo entre Xunta y Fomento, del que se excluyó al Gobierno local para luego invitarle a que se sumase, el pleno del Concello aprobó cuatro mociones promovidas por socialistas y Marea que exigen la negociación del futuro de los terrenos portuarios en el marco de la comisión de seguimiento. Los convenios se habían suscrito cuando los socialistas gobernaban en Madrid y en el Ayuntamiento coruñés, mientras que el PP dirigía la Xunta.